Maricel Seeger
Buenos Aires, 13 ago (EFE).- La muerte de catorce bebés sometidos a un
protocolo para el desarrollo de una vacuna contra el neumococo ha desatado
una polémica en Argentina sobre los métodos de captación de los niños.
Médicos, familiares de las víctimas y ex funcionarios denunciaron a Efe que
algunos profesionales involucrados en esta investigación aplican la vacuna
experimental sin facilitar suficiente información previa a los padres,
utilizan recursos públicos y 'no incorporan testigos imparciales durante el
trámite de aceptación', tal como exigen las normas sanitarias.
Se trata del protocolo Compas, del laboratorio belga GlaxoSmithKline (GSK)
-que rechaza de plano las acusaciones-, que estudia la eficacia de una
vacuna contra los efectos de la bacteria del neumococo, como la neumonía.
El laboratorio, que también desarrolla el programa en Colombia y Panamá,
pretende realizar pruebas con 14.000 niños argentinos.
Desde el inicio de la tercera y última fase de la investigación, el año
pasado, han muerto 14 bebés en el norte argentino -dos en San Juan, cinco en
Mendoza y siete en Santiago del Estero-, donde más del 34 por ciento de la
población vive bajo el umbral de pobreza.
'Lamentamos los fallecimientos que se han producido en el marco del
estudio', señaló el laboratorio, que destacó que las víctimas fueron
evaluadas 'exhaustivamente', tuvieron 'un diagnóstico médico concreto' y no
se hallaron casos relacionados con la vacuna.
Además, según GSK, se observó 'una reducción significativa' de la
mortalidad en los participantes comparada con el índice de mortandad
infantil del país.
'En Santiago del Estero hay un reclutamiento no ético: se aprovechan de
madres pobres a quienes no les dicen que sus hijos van a ser sometidos a un
protocolo, las hacen firmar sin leer e incluso las amenazan si quieren
abandonar el estudio', denunció a Efe el presidente de la Federación
Sindical de Profesionales de la Salud de Argentina (Fesprosa), Jorge
Yabkowski.
La polémica llevó a los diputados Hugo Perié y Fabián Peralta a solicitar
informes al Gobierno sobre las denuncias realizadas y los controles de la
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica
(ANMAT), encargada de regular la investigación médica.
Portavoces de ANMAT aseguraron que hasta el momento no detectaron
irregularidades y descartaron la vinculación de las muertes con la
investigación, aunque admitieron 'algunas dudas' sobre la imparcialidad de
los testigos.
De hecho, inspectores del organismo solicitaron 'documentar la
imparcialidad de los testigos' y la ANMAT pidió al laboratorio información
sobre cuántos bebés fallecidos fueron vacunados, ya que el estudio incluye
un grupo de control que no recibe la aplicación, aunque el dato se mantiene
bajo reserva incluso para los familiares.
'Ni siquiera los padres saben si sus chicos reciben la vacuna. No estamos
contra la investigación, pero hay un mal manejo ético', advirtió Ana María
Marchese, del hospital Eva Perón de Santiago del Estero.
La investigación ya había afrontado inconvenientes en Córdoba (centro),
donde hace cuatro años cesaron a 14 profesionales -médicos, enfermeros y
bioquímicos- y se desmanteló el Centro de Desarrollo de Proyectos Avanzados
en Pediatría, montado para el experimento, recordó el ex alcalde del
distrito Luis Juez.
'Detectamos firmas de analfabetos, testigos que eran integrantes del
experimento y el investigador principal formaba parte del comité evaluador',
advirtió a Efe Luis Jiménez, ex secretario de Salud de Córdoba.
Ambos afirmaron que los médicos utilizaban recursos del hospital municipal
para los ensayos del laboratorio, que negó haber desarrollado el programa en
Córdoba y que reconoció que abona a los profesionales entre 380 y 400
dólares por cada niño incorporado al protocolo.
'Los médicos trabajan para el protocolo en su tiempo extra y, para eso, se
proveen recursos. Además, el niño que participa tiene beneficios extras,
como vacunas que no están en el calendario oficial', argumentó a Efe el
director del área de Biológicos de la filial local de GSK, Ricardo
Ruttimann, quien estimó que el nuevo desarrollo puede ser aprobado a finales
de año.
Julieta Ovejero, tía de un niño fallecido en Santiago del Estero, indicó a
Efe que su hermano recibió la visita de agentes sanitarios que prometieron
beneficios médicos para el bebé si se incorporaba al estudio y ofrecieron
'dinero para callar' sus denuncias.
'Cuando llevamos al bebé al hospital con neumonía -horas antes de morir-
dijeron que no podían atenderlo porque era paciente del protocolo y tenía
que esperar al doctor del programa', para el cual 'nunca le hicieron
estudios previos', denunció. EFE
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