El envío al Congreso del proyecto de ley sobre derechos de exportación debería permitir un debate amplio en que luego de expresadas todas las posiciones los representantes del pueblo adoptaran la decisión que creyeran más conveniente.

Sin embargo, esta decisión presidencial no ha modificado el clima destituyente que este espacio integrado por intelectuales y artistas de distintas posiciones políticas e ideológicas señaló en su primera Carta Abierta.

Por el contrario, la escalada incluye la amenaza de continuar el conflicto si la decisión no satisface las exigencias sectoriales y la hipótesis de renuncia de la presidenta, lanzada por el exaltado vocero de las cámaras patronales agropecuarias.

Se advierte así con mayor nitidez que hace cuarenta y cinco días la intención de desgastar al Poder Ejecutivo para inducir lo que el diario “La Nación” llamó “una monumental crisis institucional”, que considera inminente. Sólo el apasionamiento por su propia profecía puede explicar que el mismo medio haya llegado al extremo de publicar una entrevista en la que Carlos Robledo Puch critica a la jefa de Estado. Coloca así a la máxima investidura constitucional a la altura de un asesino serial, condenado a reclusión perpetua por once homicidios. Ni siquiera durante la asediada presidencia de Arturo Illia se recuerda semejante bastardeo de una discusión sobre políticas públicas.

Esta compulsión autodestructiva es lo último que necesita la sociedad argentina. Ninguna razón objetiva la justifica.

Carta Abierta solicita a todos los actores involucrados en la cuestión que no interfieran con las deliberaciones del órgano expresivo de la soberanía popular y que se comprometan a respetar el resultado de sus deliberaciones En democracia no debería existir mayor consenso que el respeto a esa voluntad expresada en el voto del pueblo y el de sus representantes.

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