MUJERES EN LA BLOGOSFERA

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Raúl Zibechi

ALAI AMLATINA 29/01/2008, Montevideo.- (Tras 110 días en huelga de
hambre, la comunera mapuche Patricia Troncoso Robles decidió poner fin a
la medida de presión ayer 28 de enero. El gobierno de Bachelet accedió a
sus demandas reclamadas para sí misma y para otras dos personas (Juan
Millalen y Jaime Marileo), que incluyen beneficios carcelarios como
salidas durante los fines de semana a contar desde marzo, sin evaluación
previa de la gendarmería. Varias voces al interior de Chile y a escala
internacional piden poner fin a la criminalización del pueblo mapuche y
que se busque una solución profunda para sus reclamos).

“Si mi muerte sirve para la libertad de mis hermanos, yo no voy a
desistir”, escribió Patricia Troncoso el 23 de diciembre cuando llevaba
74 días en huelga de hambre en la prisión de Angol, en el sur chileno.
Luego fue trasladada a Chillán y el martes pasado le fue suministrado,
en contra de su voluntad, suero intravenoso para mantenerla con vida.
Patricia lleva más de cien días de ayuno y su estado de salud es muy
delicado.

En esta ocasión la represión no consiguió aislar la lucha mapuche. En
estos casi cuatro meses se han desarrollado movilizaciones en varias
ciudades de Chile, incluso en la capital, Santiago. El 12 de noviembre
una delegación de parlamentarios venezolanos visitó la cárcel de Angol y
manifestó su preocupación por el estado de salud de los presos. Amnistía
Internacional envió una carta a la presidenta Bachelet, el 21 de enero,
pidiendo por la vida de Patricia y recordando que en 2003 el Relator
Especial de Naciones Unidas presentó un informe de su misión a Chile en
el que recomendaba que “además del otorgamiento de títulos sobre
terrenos privados, los territorios tradicionales que incluyan recursos
de uso comunitario deben ser reclamados y reestablecidos”.

Una misión de diez organizaciones de derechos humanos y la central de
trabajadores (CUT) realizaron una misión de observación, a comienzos de
enero, luego del asesinato del joven mapuche Matías Catrileo, que los
llevó a denunciar “la brutalidad, el salvajismo y el terrorismo de
Estado” que sufren la comunidades. Arturo Martínez, presidente de la
CUT, señaló que este conflicto no se resuelve con balas y represión y,
algo inédito en la central sindical luego de la dictadura, dijo: “Los
mapuche pueden contar con nosotros. Su derecho sagrado a la tierra
merece ser respaldado”.

El 10 de enero fue difundida una Declaración de Historiadores de Chile,
en la que se denuncia “la virtual militarización del territorio
histórico del pueblo mapuche” y “la instauración de un régimen
permanente de vigilancia y terror policial”. Los historiadores, entre
los que figura el Premio Nacional de Historia, Gabriel Salazar, apuntan
contra la criminalización de la lucha mapuche y la aplicación de la Ley
Antiterrorista heredada de la dictadura militar así como el cerco
mediático que sufren. Concluyen apuntando que el Estado chileno debe
reconocer “la autonomía política de las comunidades indígenas, la
devolución de sus tierras arbitrariamente usurpadas en base al ‘derecho
de Conquista’ y el pleno respeto de los derechos humanos de sus
integrantes”.

En segundo lugar, la huelga de hambre –que forma parte de una nueva
oleada de movilización mapuche- promovió una mayor coordinación y
articulación entre las diversas organizaciones políticas, sociales y
culturales del mundo mapuche. Ambos hechos, la solidaridad nacional e
internacional y la creciente convergencia organizativa del universo
mapuche, son los datos más esperanzadores de la ofrenda de Patricia
Troncoso.

Bajo los gobiernos de la Concertación Democrática (desde 1990) han sido
procesados 400 mapuche por la Ley de Seguridad Interior o la Ley
Antiterrorista. Esta fue la respuesta al ciclo de luchas abierto en 1997
a través del estallido de múltiples conflictos que afectan a las grandes
empresas forestales y de energía. El movimiento desplegó iniciativas
culturales, artísticas y de medios de comunicación propios y consiguió
recuperar tierras, a tal punto que los fondos estatales de compras de
tierras para las comunidades debieron pasar de unos 5 millones de
dólares en 1995 a más de 30 millones en 2001.

En el marco del clima generado por los atentados del 11 de septiembre de
2001 en Estados Unidos, se comenzó a aplicar la Ley Antierrorista. Entre
noviembre de 2001 y octubre de 2003 fueron procesados 209 mapuche sólo
en la región de la Araucanía, mientras cientos son detenidos en
manifestaciones, golpeados y maltratados en lo que, según múltiples
observadores, es una verdadera “guerra sucia”. Patricia Troncoso fue
procesada por haber participado, en diciembre de 2001, en el incendio de
cien hectáreas de pinos de la Empresa Forestal Mininco.

Cualquiera que haya visitado las comunidades mapuche del sur, puede
comprobar que están siendo arrinconadas y exterminadas por un mar de
cultivos forestales que arrasan sus tierras y les impiden seguir
sembrando y produciendo su sobrevivencia. Peor aún: las comunidades son
allanadas sin orden judicial por la policía con armamento de guerra, y
existen comandos, como el “Hernán Trizano”, que realizan incursiones
nocturnas con disparos mientras se instalan cámaras de vigilancia y
aparatos que interfieren los celulares. Las organizaciones de derechos
humanos aseguran que carabineros se visten de civil para realizar
incursiones y amedrentamientos. ¿Quién practica el terrorismo?

El gobierno de Bachelet tuvo todo este tiempo un comportamiento
vergonzoso. Tiene razón Patricia cuando dice en su carta: “¿Qué podemos
esperar de nuestros verdugos, si provienen de una generación que vivió
todos estos flagelos y con el tiempo se han deshumanizado al punto de
olvidar el exilio, las torturas, la persecución y la muerte de tantos
seres humanos?”

Ahora que la decisión y el coraje de Patricia y de un puñado de mapuche
se ha saldado con un resonante e histórico triunfo, puede ser la hora de
las preguntas incómodas. ¿Qué nos está pasando? ¿Cuántas veces tienen
los del más abajo que ofrendar sus vidas –que en definitiva es lo único
que tienen- para que los de abajo reaccionen, reaccionemos, y gritemos
juntos un ¡Ya Basta! capaz de frenar la genocida ambición de poder de
los de arriba?

- Raúl Zibechi es miembro del Consejo de Redacción del semanario Brecha
de Montevideo, docente e investigador sobre movimientos sociales en la
Multiversidad Franciscana de América Latina, y asesor de varios grupos
sociales.

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