MUJERES EN LA BLOGOSFERA

RIMA

Claudia Korol

Dicen quienes saben leer los signos de la tierra, que la erupción del
volcán Llaima -que hace pocos días conmovió a Chile-, debe ser
entendida como un grito que llega desde bien abajo de la tierra, para
desgarrar las capas de perversidad de quienes persisten en el
genocidio mapuche y las capas de indiferencia de quienes miran hacia
otro lado como diciendo "yo no fui, yo no sé".

Dicen los "pingüinos", aquellos muchachos y muchachas que meses atrás
se tomaron los liceos y colegios de Chile, que el asesinato del joven
mapuche, Matías Catrileo, como antes el de Zenón Díaz Necul y el de
Alex Lemun, denuncian la marca racista de la represión que ha vuelto
delito ser joven, pobre, indígena, rebelde.

Matías Catrileo, de 22 años, estudiante de agronomía de la Universidad
de La Frontera de Temuco, fue asesinado con una bala disparada por la
espalda, por un carabinero. Estaba participando junto a otros
comuneros mapuche de una toma de terrenos en el Fundo Santa Margarita
de Vilcún, perteneciente al latifundista Jorge Luchsinger. La acción
tenía como objetivo avanzar en la recuperación de sus tierras
ancestrales.

Alex Lemun, de 17 años, fue asesinado en el 2002 en Ercilla, también
por la bala de un carabinero, cuando participaba de una ocupación del
Fundo Santa Elisa de la Forestal Mininco. Su asesino fue sobreseído en
el 2004 por una Corte Marcial, y hoy está reintegrado en la fuerza
policial. El fiscal militar de ese caso, José Pinto Aparicio, es quien
realizará ahora la investigación del asesinato de Matías Catrileo.

Dice la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Chile
-que conoce los rostros de la impunidad-, que es necesario que el caso
sea investigado por la justicia ordinaria, y no por la justicia
militar, y que hace falta que se asuma la responsabilidad política por
parte del Gobierno.

Dicen las mujeres mapuche, que ¡ya basta! de que asesinen a sus hijos.
En el funeral de Matías, Mónica Quezada, madre de Matías, expresó:
"tenemos la convicción de que el disparo criminal proviene desde el
arma de carabineros. No podemos hacer más que calificar dicha acción
como un acto ruin y cobarde. Ruin porque se hizo un uso
desproporcionado de la fuerza contra un grupo de jóvenes mapuche,
armados apenas con la fuerza de sus ideales. Nosotros y muchísimos más
sabemos cómo se denomina a aquellos que atacan por la espalda. No
queremos más impunidad, no queremos más hijos muertos por una causa
cuya legitimidad ha sido reconocida".

Un volcán grita, en una tierra en la que muchos callan demasiado.
Miles de jóvenes gritan, cuando los adultos reproducen silencios
heredados. Lanzan piedras, lanzan lava. Un pueblo defiende la tierra.
"Mapuche" significa gente de la tierra. Un pueblo defiende su
identidad. Un pueblo se pone de pie frente a las grandes
trasnacionales forestales, de la celulosa, de la electricidad, de la
pesca, de la minería. Frente al modelo político, económico, cultural,
que destruye a la "Mapu" y a su gente... a sus che.

Dice ese pueblo que no tiene ya nada que perder, más que su propia
vida. Dice el silencio oficial, que la vida del pueblo mapuche no vale
lo que vale su territorio para los dueños del poder. Dicen los
poderosos, que la propiedad privada, es un valor más alto que la vida.

Dicen aquellas feministas que no quieren ser una cuota del poder de
destrucción capitalista, patriarcal, racista, que la lenta agonía de
Patricia Troncoso, presa política mapuche en huelga de hambre, es otra
de las maneras que asumen el "femicidio" y el "etnocidio".

¿Quién es la mujer que habla desde su cuerpo que se apaga?

Patricia Troncoso, presa política mapuche, está realizando una huelga
de hambre líquida desde el 12 de Octubre del 2007. Patricia estudió
Teología en el Instituto de Ciencias Religiosas de la Universidad
Católica de Valparaíso. En la búsqueda de sus propias raíces, fue
aproximándose de manera solidaria a las comunidades mapuche, y se hizo
parte de la resistencia histórica de este pueblo.

El Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas, informó sobre
las causas de su detención, producida el 12 de septiembre del año
2002. Patricia fue acusada de ser autora de los delitos de amenazas e
incendios terroristas. Se imputó a ella -y a otros acusados-
responsabilidad en los siguientes hechos: 1) incendio terrorista en
propiedad de Juan Agustín Figueroa Elgueta; 2) amenazas de incendio
terrorista contra los dueños y administradores del Fundo Nancahue; 3)
incendio terrorista en perjuicio del predio forestal San Gregorio de
propiedad de Juan Julio Sagredo Marín; y 4) amenazas de incendio
terrorista contra los dueños y administradores del Predio San
Gregorio. En diciembre de ese mismo año, se le inició un nuevo proceso
acusada de ser partícipe de la Organización Mapuche "Coordinadora de
Comunidades En Conflicto Arauco Malleco", organización del pueblo
mapuche a la que se estigmatiza como "Asociación Ilícita Terrorista".
El 28 de enero de 2003, se formalizó otra causa en su contra, por
delitos de incendio terrorista, robos con violencia, lesiones,
usurpación en el grado de tentativa y otros, siendo querellantes la
Empresa Forestal Mininco S.A. y la gobernación provincial de Malleco.

En la primera causa, la sentencia definitiva absolvió a los imputados
de todos los cargos. Sin embargo las partes querellantes en este caso
(gobierno y particulares) presentaron un recurso de nulidad ante la
Corte Suprema, que el 2 de julio de 2003 anuló la sentencia
absolutoria, ordenando la realización de un nuevo juicio, realizado a
partir del 9 de septiembre de 2003. En él fue absuelta nuevamente de
todos los cargos que se le formulaban, mientras que los lonkos mapuche
fueron condenados a la pena de 5 años y 1 día de presidio por el
delito de amenazas de incendio terrorista, contemplado en el artículo
de la Ley N° 18.314.

Finalmente Patricia fue condenada a 10 años y un día de prisión,
acusada de incendio terrorista al predio Poluco Pidenco, y se la
condenó a pagar en indemnización a la Empresa Forestal Mininco S.A. la
suma de 425 millones de pesos, junto a los cinco condenados por esta
causa. El caso Poluco Pidenco fue un incendio ocurrido en diciembre de
2001, en el que no hubo víctimas fatales, en el cual sus presuntos
autores fueron juzgados con "testigos sin rostros" aplicándosele la
Ley Antiterrorista creada durante la dictadura militar. Esta situación
ha sido condenada ya en dos oportunidades por los organismos de
derechos humanos de las Naciones Unidas, que han pedido la derogación
de la Ley Antiterrorista y la revisión de los procesos realizados bajo
esa norma.

Patricia Troncoso ya ha cumplido la mitad del tiempo en prisión. Sin
embargo no se le han concedido los beneficios carcelarios a los que
tiene derecho, entre los cuales está la salida dominical y/o la salida
diaria. Es otra forma de tortura, en el Chile gobernado por la
"socialista" Michelle Bachelet.

Durante los meses de octubre y noviembre del 2004, en forma paralela
al cumplimiento de su condena, Patricia Troncoso debió afrontar un
cuarto juicio por el delito de Asociación Ilícita Terrorista. Tras 17
jornadas de audiencias en el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco, fue
declarada inocente por tercera vez de su participación en delitos de
carácter terrorista.

Pero Patricia Troncoso, no es la única víctima del Estado chileno. En
las cárceles de Angol, Victoria, Lebu, Concepción, Temuco y Traiguén,
se encuentran más de 20 presos políticos mapuche, la mayoría juzgados
bajo la legislación antiterrorista de tiempos de Pinochet.

Víctor Toledo Llancaqueo[1] , afirma en la revista OSAL 22: "Frente al
conflicto con los indígenas; y siguiendo las pautas de una intensa
campaña de criminalizacion de la protesta social mapuche; el Estado
chileno emprendió una sistemática huida hacia el derecho penal. El
caso mapuche es ilustrativo de la criminalizació n de la protesta
social, como un proceso político, mediático y jurídico, que
etiquetando a los actos de protesta como delitos, busca sacar a un
conflicto social de la arena política, para llevarla al campo penal.
El objetivo de los impulsores de la criminalizació n, es poner en
marcha al poder punitivo del Estado, para neutralizar, disciplinar o
aniquilar la protesta. Los medios de comunicación y sectores de
derecha, fueron actores clave del proceso de criminalizació n de la
protesta mapuche. Ante la emergencia de la movilización indígena,
promovieron activamente su deslegitimació n, penalización y que se la
enmarque como un asunto de seguridad. Por su parte las empresas
forestales, resintieron el conflicto con las comunidades mapuche en su
imagen corporativa. Sindicadas por daños ecológicos y represión a
indígenas por medio de guardias privados, quedaron expuestas a perder
algunos mercados. Frente a este cuadro, los grandes grupos forestales
presionan al gobierno y a la opinión pública, para que los conflictos
sean resueltos penalmente. Se magnificaron los efectos económicos de
la protesta mapuche, y la figura del incendio"[2] .

Las forestales mandan en Chile –en América Latina-, hacen y deshacen,
saquean, acumulan superganancias. Los conflictos entre estas empresas
trasnacionales y el pueblo mapuche, se concentran alrededor de la
tenencia y la contaminación de la tierra, ya que los territorios
ancestrales han sido usurpados por las forestales, atentando también
contra la cosmovisión de ese pueblo, sus símbolos, su cultura; y
contaminando fuertemente los amplios territorios arrebatados.

Alfredo Seguel[3], investigador chileno, destaca que la entre las
consecuencias del desarrollo de la industria forestal en Chile, se
encuentran: "Desplazamiento del Bosque Nativo; Pérdida de los Recursos
hídricos, superficiales y subterráneos que ha sido una de las
constantes denuncias entre la IX y X regiones (Los monocultivos
exóticos actúan como verdaderas bombas de agua); Uso indiscriminado de
plaguicidas y contaminación de ecosistemas; Acorralamiento de
comunidades rurales por los monocultivos; Destrucción de caminos
rurales y polución por el tránsito de la maquinaria pesada,
principalmente en tiempos de cosecha; Pérdida de Flora y Fauna
(también plantas medicinales y alimenticias) ante el desplazamiento
del Bosque nativo y ecosistemas; Suelos ganaderos y agrícolas
reemplazados para la introducción de forestales industriales lo que
conlleva a la perdida de soberanía y seguridad alimentaria;
Transgresión de lugares sagrados; Aumento emigración (disminuye fuente
laboral) y pobreza en lugares de alta concentración Forestal;
Acusaciones por auto atentados de incendios forestales que han
involucrado a grupos de seguridad de estas y que han quedado en la
impunidad".

Un dato importantísimo para este análisis que aporta Seguel es la
información sobre los incendios o auto atentados, producidos por
empresas de seguridad "que prestan servicios a compañías forestales
como CMPC – Mininco (Matte) y Arauco – Celco (Angelini), donde
incluso, se han señalado a ex uniformados y ex agentes de inteligencia
involucrados en estas firmas. Una escalada de incendios forestales
durante los años 1999 al 2001, coinciden con algunas denuncias aún
aisladas de auto atentados al interior de las propias empresas, como
asimismo, con el inicio de un operativo de inteligencia en el Gobierno
de Ricardo Lagos, desde el mismo 2001 al 2004, para reprimir,
neutralizar, controlar y perseguir a una buena parte del movimiento
mapuche, como fue a la organización Arauko Malleko"… "La empresa
Forestal que involucra en denuncias por auto-atentados a través de sus
"cuadros" de seguridad patrimonial, corresponde a Forestal Mininco,
que integra el holding CMPC del grupo económico Familia Matte; sin
embargo, con las denuncias de Yumbel, estas se extienden a otras,
tales como Forestal Arauco y Celco, del multimillonario de origen
italiano, Anacleto Angelini (Holding Copec-Arauco) ; y forestal Bio Bio
también de Angelini". En su trabajo, Seguel aporta varios datos que
dan sustento a estas hipótesis, que cierran el círculo de comprensión
de las razones que hacen que en pleno siglo 21, un gobierno que se
hace llamar de socialista, mantenga secuestrado a un pueblo en los
confines de su propio territorio.

Durante los primeros días de enero, numerosas movilizaciones y
denuncias de los crímenes contra el pueblo mapuche realizados por el
gobierno de Bachelet –que continúa las políticas de la Concertación- ,
recorren América Latina. Sin embargo, es necesario debatir con mayor
profundidad, sobre los modelos mal llamados de "desarrollo" , con que
las trasnacionales vienen saqueando a nuestro continente, con la
complicidad en la mayoría de los casos, de los gobiernos locales
–incluso de muchos de los caracterizados como "progresistas" .

La recolonizació n, las nuevas guerras de conquista, el reparto de
territorios por parte de las trasnacionales del Primer Mundo, sigue
siendo la forma de acumulación del capitalismo, y sus consecuencias
son el exterminio de pueblos completos, y la devastación del planeta.

Recordar en este contexto a Rosa Luxemburgo, cuando planteó un siglo
atrás el dilema de la humanidad, como "socialismo o barbarie", puede
ser una manera de pensar en términos más complejos, que estamos frente
a una situación que nos exige, no sólo pensar acciones puntuales de
denuncia sobre violaciones a los derechos humanos, que parecieran
excepcionales, sino comprender que estos actos depredatorios, son
inherentes al capitalismo y a su sistema de dominación. Será hora
entonces de discutir qué proyecto de vida deseamos y promovemos, qué
socialismo soñamos y construimos como alternativa al capitalismo, y
encontrar cómo las batallas de resistencia que venimos librando frente
al avance de las trasnacionales, de sus gendarmes y de sus gobiernos,
puedan ir proyectándose en nuevas experiencias de poder popular.

En ese camino, movilizar fuerzas para que no sea la muerte, la única
palabra audible del pueblo mapuche, y de otros y otras "condenados y
condenadas de la tierra". Que hablen quienes tengan voz. Que griten
quienes tengan energía. Que marchen quienes tengan cuerpos dispuestos
a mostrar que es verdad la palabra mapuche que dice que "por cada uno
que caiga, diez se levantarán".

Enero 2008

____________ _________ _________ __
[1] Víctor Toledo Llancaqueo es historiador, Centro de Políticas
Públicas y Derechos Indígenas, Chile. Co-coordinador del Grupo de
Trabajo Movimientos Indígenas en América Latina de CLACSO.
[2] Movilización mapuche y política penal. Los marcos de la política
indígena en Chile – 1990 -2007. Publicado en revista OSAL
(Observatorio Social de América Latina). Se puede acceder al texto en
http://sala. clacso.org. ar/biblioteca
[3] Alfredo Seguel es integrante de la agrupación de técnicos y
profesionales de Temuko – Konapewman – Es vocero de la coordinación de
comunidades en conflictos ambientales – E integra equipos de trabajo
de la coordinación de organizaciones e identidades territoriales. - Se
puede acceder al artículo en
http://www.mapuche- nation.org/ espanol/html/ medioambiente/ ma-art-04. htm
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Gloria Careaga
Facultad de Psicologia, UNAM

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