MUJERES EN LA BLOGOSFERA

PÁGINA 12

fecha: miércoles 26 diciembre 2007

Difundido por RIMA - Red Informativa de Mujeres de Argentina

El aborto, ¿es un asunto de política criminal o sanitaria?

La ministra Graciela Ocaña consideró, en un reportaje a Página/12, que el
problema del aborto es “un tema de política criminal”. Médicos y abogados
consultados por este diario discreparon con ese concepto: coincidieron en
que, por la cantidad de muertes que genera, representa un problema de
salud pública.

Por Mariana Carbajal

Hace veinticinco años que el aborto es la principal causa de mortalidad
materna en la Argentina. El problema, sin embargo, para la nueva ministra de
Salud, Graciela Ocaña, “es un tema de política criminal” y “no es materia
del ministerio” que encabeza desde el 10 de diciembre, según sus propias
palabras, dichas en un reportaje con Página/12. Su posicionamiento ante una
problemática tan sensible generó polémica. Consultados por este diario,
abogados por un lado y médicos por el otro, discreparon con Ocaña. Todos
coinciden en que, aunque el aborto tiene aspectos de política criminal –dado
que es una práctica prohibida y penalizada por el Código Penal–, en la
Argentina es un gran problema de salud pública. Aquí los argumentos y
fundamentos de sus opiniones.

El último registro oficial de la tasa de mortalidad materna –de 2006–
muestra un incremento en relación con el año anterior: trepó a 48 muertes de
mujeres durante el embarazo, el parto y el puerperio cada 100 mil nacidos
vivos. En 2005 habían sido 39 las muertes cada 100 mil (ver cuadro aparte).
“Las complicaciones por aborto son la primera causa de muerte materna desde
1980 en el país”, apuntó la médica Mariana Romero, investigadora del Conicet
en el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes). Romero tuvo a cargo
la coordinación técnica del equipo que redactó la Guía Integral para la
Atención Integral de los Abortos, que empezó a distribuir en hospitales el
ex ministro de Salud Ginés González García antes de finalizar su gestión.

“El impacto de las complicaciones por aborto en la mortalidad materna es muy
alto en la Argentina”, señaló Romero. Entre el 29 y el 32 por ciento del
total de muertes vinculadas con la reproducción se producen por causas
vinculadas con abortos. En la mayoría de los casos es muy probable que se
trate de intervenciones clandestinas, con falta de asepsia, y métodos
inseguros, como la introducción de agujas, perejil, sondas, a los que se
sigue recurriendo en el país en los sectores más empobrecidos y de menor
nivel de instrucción. En los últimos seis años –entre 2000 y 2006– murieron
613 mujeres por complicaciones de abortos, según las estadísticas oficiales:
alrededor de un centenar de muertes por año, en promedio (ver cuadro
aparte). “Son muertes evitables”, destacó la epidemióloga Mabel Bianco,
presidenta de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM).
En apenas un año, entre 2005 y 2006, esas muertes aumentaron un 17 por
ciento, de acuerdo con los registros del Ministerio de Salud.

“Si bien en el mundo el 13 por ciento de las muertes maternas son
atribuibles al aborto, en Sudamérica en promedio llegan a 19 por ciento. Es
la región del mundo con mayor proporción de mortalidad materna por aborto”,
observa Romero. En Argentina es, incluso, mayor que el promedio regional. En
todos los países del Cono Sur, el aborto es una intervención médica
penalizada, salvo algunas excepciones.

El aborto en sí mismo no es un procedimiento riesgoso si se realiza en
condiciones de seguridad médica. Su prohibición y criminalización prevista
en el Código Penal empuja a las mujeres con embarazos no deseados a la
clandestinidad. La cantidad de mujeres que abortan en Argentina es inmensa:
un estudio con métodos científicos validados en el mundo, encargada este año
por el Ministerio de Salud, determinó que en la Argentina se producen entre
460 mil y 600 mil interrupciones voluntarias del embarazo por año, lo que
significa casi un aborto por nacimiento. En España, donde el aborto es legal
y la población del país supera a la de Argentina, las intervenciones rondan
las 90 mil al año, según datos oficiales.

“Al contrario de lo que plantea la ministra Ocaña, este no es un problema de
política criminal”, consideró el constitucionalista Andrés Gil Domínguez,
profesor de la UBA y de la Universidad Nacional de La Pampa. “Quedó probado
que el derecho penal no sirve para nada ni a nadie. No les sirve a los que
están en contra de que se hagan abortos, porque a pesar de que está
penalizado se produce alrededor de medio millón de abortos. No les sirve a
los que están a favor de que sea legal, porque la criminalización implica
que se generen daños en la salud de las mujeres y que, incluso, muchas
mueran”, afirmó. “En el Ministerio de Salud es donde se deben discutir estas
cuestiones. Sería lógico y deseable que la ministra Ocaña siguiera con la
línea planteada por Ginés González García, dado que el modelo planteado por
el ex ministro, a favor de la despenalización, ha dado mejores resultados
que la discusión en términos estrictamente penales”, agregó Gil Domínguez,
cuya tesis de posgrado fue precisamente la problemática jurídica del aborto.

El aborto “es un problema de salud pública: es el principal factor que está
manteniendo la tasa de mortalidad materna en los niveles que tenemos”,
coincide la epidemióloga Mabel Bianco. “En las reuniones preparatorias de la
Cumbre de Población de El Cairo, a comienzos de los ’90, todos los países
latinoamericanos, incluida la Argentina, acordaron un documento que ya en
ese momento aseguraba que el aborto es un problema de salud pública, por su
impacto en las muertes y enfermedades maternas”, recordó Bianco. Romero,
investigadora del Cedes, aporta un dato más: antes incluso, en 1967, la
Asamblea de la Organización Mundial de la Salud (OMS), a través de la
resolución WHO 20.41, declaró que “el aborto constituye un problema serio de
salud pública en muchos países”. “Como bien dijo la ministra Ocaña, nadie
quiere el aborto, lo que queremos es que disminuya su impacto en la
mortalidad materna”, subrayó Bianco.

Para el obstetra Guillermo Carroli, la problemática debe ser abordada desde
“la política sanitaria”, porque el aborto “toca a la salud de la gente”.
Carroli trabaja en el Centro Rosarino de Estudios Perinatales (CREP), centro
colaborador de la OMS, donde investiga las causas de muertes maternas.

El criminólogo Elías Neuman aportó también su punto de vista sobre la
discusión abierta por la ministra Ocaña: “Es un problema de salud pública
que merece un plan de política criminal”, sostuvo Neuman, profesor de
posgrado de la UBA, de la Universidad Nacional Autónoma de México y del
Instituto Nacional de Ciencias Penales del Distrito Federal. Neuman es
partidario de la legalización del aborto, porque considera que las mujeres
deben decidir sobre su propio cuerpo y además para evitar las muertes
maternas vinculadas con esa práctica médica insegura. “Debería hacerse en
hospitales públicos con asepsia”, aclaró. Y consideró que en este tema el
Estado no puede tomar en cuenta las posiciones de la Iglesia Católica,
contraria a la despenalización del aborto, porque se trata de un país laico.

Para el diputado del ARI Emilio García Méndez, abogado, especialista en
políticas de infancia y consultor de Unicef, la pregunta no debe ser si se
trata de un problema de política criminal o de política sanitaria. “Se trata
de un problema político. Quien tiene el poder político no puede plantear
esas dos alternativas. Si lo hace, o es hipócrita o es ingenuo. No me parece
serio que los responsables de salud se escuden en esa falsa disyuntiva para
desligarse del problema. Desde el Gobierno se debería articular la política
criminal con la política sanitaria para enfrentar la problemática”, concluyó
García Méndez.

Argentina acordó con la OMS para los Objetivos del Milenio reducir un tercio
la mortalidad materna, es decir, llegar al 2015 con una tasa de 13 por 100
mil niños y niñas nacidos vivos. En la mitad del camino, alcanzar esa meta
parece hoy muy lejano.

Subnotas

Las palabras de la ministra

En un reportaje publicado en la edición del domingo 16, realizado por los
periodistas Mario Wanfield y Roberto Navarro, se produjo el siguiente
diálogo con la ministra de Salud, Graciela Ocaña, al abordar temas de salud
reproductiva.

–Ginés González García planteó su postura con respecto a la despenalización
del aborto y aceleró el debate. No hubo proyectos del Ejecutivo, pero se
provocó una conmoción. ¿Cuál es la posición actual del ministerio? No sólo
sobre la despenalización del aborto, sino sobre el aborto como tema de
política de salud.

–Mire, acá la definición clara la dio la Presidenta (N. de la R.: Volvió a
pronunciarse contra la despenalización del aborto en un reportaje publicado
por Página/12). Nosotros estamos para cumplir con nuestra Presidenta, por un
lado. Por otro lado, vamos a cumplir con la ley que claramente establece en
qué caso el aborto no es punible, que es en el caso del riesgo de vida de la
madre o en el caso de violación de una mujer incapaz. En verdad, aparte, me
parece que es un tema de política criminal, no es materia del ministerio,
creo que es una discusión que la sociedad en su momento la dará y se dará.
Yo tengo una opinión personal, pero hoy no opino en base a mi opinión como
mujer, o como dirigente política, sino en base a la función que estoy
cumpliendo.

–¿Cuál es su opinión?

–Si la digo... este... pero la tengo, la tengo.

–¿La idea de que la Presidenta esté contra la despenalización del aborto
significa que los próximos cuatro años no se va a plantear ese tema como
política legislativa del Gobierno?

–No puedo hablar de política legislativa, porque los legisladores presentan,
y la verdad que...

INSISTEN CON LA ATENCION DEL ABORTO NO PUNIBLE
Contra el veto en La Pampa

Por Mariana Carbajal

Tras el veto del gobernador justicialista pampeano y ex funcionario de la
última dictadura militar, Oscar Mario Jorge, de la ley que reglamentaba la
atención de los abortos no punibles, el diputado socialista Adrián Pe-ppino,
impulsor de la normativa, anunció que insistirá en el próximo año para
ratificarla, a través del voto de los dos tercios de la Legislatura
unicameral de la provincia. Entre tanto, el abogado constitucionalista
Andrés Gil Domínguez, oriundo de La Pampa, opinó en diálogo con Página/12
que “no hay ningún tipo de objeción constitucional para la sanción de ese
protocolo”. El principal argumento del mandatario para voltear la ley fue
que la consideró “inconstitucional”, en coincidencia con el planteo del
obispo de Santa Rosa, Rinaldo Fidel Bredice, que el mismo día de la sanción
de la ley, el 29 de noviembre, salió a repudiarla, a pedir su veto y a
tildarla de “inconstitucional”.

La ley fue aprobada por amplia mayoría: 18 votos contra 5. La apoyaron
legisladores de todas las bancadas y también contó con el respaldo del
Ministerio de Salud de la gestión de Carlos Verna, el gobernador
justicialista saliente, que llamativamente no la promulgó. Para Gil
Domínguez, el veto de Jorge es “una decisión muy desafortunada, porque
desconoce toda la normativa internacional constitucional y legal que aborda
esta temática”. El constitucionalista, profesor de la Universidad Nacional
de La Pampa y de la UBA, apuntó que las excepciones contempladas en el
Código Penal en materia de aborto tienen más de 80 años: no se considera
punible cuando el embarazo pone en riesgo la vida o la salud de la mujer o
si la gestación proviene de una violación o un atentado al pudor a una mujer
discapacitada mental. “Lo que hizo La Pampa, como también lo hicieron la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Rosario y la provincia de Buenos Aires, es
reglamentar esas excepciones, es decir, establecer un procedimiento para que
se efectivice lo que dice el Código Penal; no es invadir ninguna esfera
concreta del Congreso nacional”, argumentó.

“Una política de Estado”

Por Mariana Carbajal

El flamante ministro de Salud de la provincia de Santa Fe, Miguel Angel
Cappiello, llegó a los diarios nacionales poco antes de asumir, cuando
anunció que en los hospitales provinciales no denunciarán a las mujeres que
lleguen con abortos en curso, realizados en la clandestinidad. Página/12 lo
consultó sobre el planteo de la ministra Ocaña en relación con que la
problemática del aborto en el país es una cuestión de “política criminal”.
“El tema debe ser abordado dentro de una política de Estado a nivel
nacional. Para mí es un problema de salud que se me mueran las mujeres por
abortos clandestinos. Hoy está penado por la ley y nosotros nos vamos a
amparar en el secreto profesional y no vamos a denunciar a ninguna mujer que
llegue a un hospital con un aborto realizado en la clandestinidad. El día
que exista una ley que despenalice el aborto en la Argentina nosotros vamos
a cumplirla”, señaló el ex secretario de Salud de la Municipalidad de
Rosario y hoy integrante del primer gobierno provincial socialista. Para
Cappiello, el hincapié hay que ponerlo en “campañas de educación permanentes
sobre educación reproductiva para que todas las mujeres conozcan todos los
métodos disponibles, puedan elegir y sepan cómo evitar un embarazo no
deseado”. “Esa es una de las prioridades de nuestra gestión”, puntualizó, en
diálogo con este diario, y señaló su preocupación por el alto índice de
embarazos no deseados en adolescentes en Santa Fe. Los partos de
adolescentes alcanzan casi al 27 por ciento del total en la provincia,
indicó.

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