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-- Indican especialistas en libro Sin Maíz No Hay País

Por Adriana Rodríguez González

México, DF; 26 dic 07 (CIMAC).- El 1 de enero de 2008 es una fecha clave
para la economía del país y, en especial, para millones de campesinas y
campesinos, porque a partir de esa fecha quedarán libres de arancel el maíz,
el frijol y la leche en polvo como parte del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN), lo que ahondará la grave crisis no sólo dentro de
sus familias sino al país.

Así lo señala el libro Sin Maíz no Hay País, coordinado por Gustavo Esteva y
Catherine Marielle y editado este año por la Dirección General de Culturas
Populares e Indígenas del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.

Y a pesar de la capacidad de respuesta que han tenido las mujeres indígenas
y campesinas ante esta situación, señala Esteva, la carga de trabajo en
términos individuales y para las familias ha aumentado, así como las
restricciones nutricionales frente la crisis que enfrenta el campo.

Otro de esos efectos nocivos, agrega Esteva, es el aumento de la
desnutrición infantil, que de por sí ya era muy aguda, se agrava
especialmente en el campo, afectando a 80 por ciento de los infantes que
habitan en zonas indígenas.

El especialista Armando Bartra señala por su parte que “la cruz que hoy pesa
sobre las y los labriegos se venía construyendo desde los años ochenta, pero
los clavos se pusieron en 1994, cuando entró en vigor el TLCAN.

“En menos de una década, las exportaciones mexicanas a Estados Unidos
pasaron de un muy alto 70 por ciento del total exportado a un abrumador 90
por ciento, lo que nos ata por completo a los avatares de la economía
estadounidense”.

“El daño social de la política aplicada es insoportable y revela su carácter
perverso”, sentencia Esteva. “A pesar del vigor y la riqueza de las
respuestas campesinas e indígenas, que probablemente evitaron un impacto de
magnitud genocida o un grado incontrolable de violencia, tuvo efectos
particularmente nocivos en el tejido social en el campo y en las condiciones
de producción y de vida de la mayoría de los productores”.

La fuerte desventaja en que se encuentran para las y los productores
agropecuarios mexicanos frente a los extranjeros, también ha contribuido,
señalan especialistas, al incremento de la pobreza extrema, que representan
más de la cuarta parte de la población rural.

SIN PRODUCCIÓN, MÁS IMPORTACIONES

Por su parte, Bartra agrega que en el caso de la agricultura, lo más notable
ha sido el crecimiento de las importaciones, particularmente de granos.
Mientras entre 1987 y 1993 llegaron a 52 millones de toneladas, entre 1994 y
1999, ascendieron a 90 millones, un incremento que representa casi el 40 por
ciento.

Respecto a las importaciones del maíz, Bartra señala que éstas pasaron de 17
a 30 millones de toneladas con un incremento de casi 70 por ciento.

“Al terminar el siglo dependíamos de Estados Unidos para el 60 por ciento de
arroz, la mitad de trigo, el 43 por ciento del sorgo, el 23 por ciento de
maíz y caso toda la soya”, agrega.

Además, la situación actual es consecuencia de las políticas públicas que en
los últimos tres lustros “se propusieron la ruina del México rural”.

“Con el argumento de que la enorme mayoría de los pequeños productores
agrícolas es redundante por no competitiva, se emprendió la purga
demográfica que debía librar al campo mexicano de unos tres millones de
labradores sobrantes: 15 millones de personas que estaban de más”, dice.

De esta manera, según señala el autor, quienes fueron expulsados del campo,
acabaron en la marginalidad urbana, el comercio informal y la migración
indocumentada, muchos de ellos en maquiladoras explotadoras.

MOVILIZACIÓN CAMPESINA

Sin embargo, el movimiento campesino no espera quietamente la llegada del
2008: las 300 organizaciones integrantes de la Campaña Nacional en Defensa
de la Soberanía Alimentaria y la Reactivación del Campo Mexicano llevan a
cabo desde hace unos meses diversas actividades en todo el territorio
nacional.

Exigen instalar un mecanismo permanente de administración de importaciones y
exportaciones de maíz, frijol, y sus derivados y subproductos, por el
Congreso de la Unión; prohibir la siembra de maíz transgénico en México;
aprobar el derecho constitucional a la alimentación por la Cámara de
Diputados y la Ley de planeación para la soberanía y seguridad
agroalimentaria y nutricional por la Cámara de Senadores.

Además, piden que se luche contra los monopolios del sector agroalimentario;
evitar el acaparamiento y la especulación así como la publicidad engañosa de
alimentos chatarra; y promover que el maíz mexicano y las expresiones
culturales que involucra se inscriban tan pronto como sea posible en la
lista del patrimonio oral e intangible de la humanidad de las Naciones
Unidas.

En una de sus más recientes acciones, este mes de diciembre, mujeres y
hombres del campo se manifestaron en el Ángel de la Independencia, en la
Ciudad de México, con una huelga de hambre denominada Ayuno por la
Independencia Alimentaria, para manifestar su posición en contra de que se
abran las fronteras del país a productos extranjeros, ya que se pone en
jaque la producción agrícola nacional, así como la subsistencia de las y los
productores mexicanos.

07/AR/GG/CV
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