MUJERES EN LA BLOGOSFERA

Boletina Mujer SaludHable

Día Internacional de los Derechos Humanos.
Desafíos pendientes para las mujeres

Año VI, Nº 12, diciembre 2007

Los derechos humanos dan cuenta de una serie de facultades, prerrogativas y libertades fundamentales propias de las personas por el solo hecho de serlo, lo que implica que todo individuo, cualquiera sea su sexo, edad, situación socioeconómica, opción sexual, etnia/raza, lugar de residencia, tipo de trabajo, nivel de escolaridad, religión u otra condición, debe poder gozar de ellos en plenitud.

Así conceptualizados, los derechos humanos constituyen exigencias básicas para que hombres y mujeres, sin excepción ni discriminación, puedan vivir en libertad, dignidad, autonomía y seguridad. En esa medida, los Estados tienen el deber y la responsabilidad de garantizar que los derechos humanos sean reconocidos, respetados y cautelados, es decir, que nadie sea impedido de su ejercicio, y que aquellos que cometan trasgresiones a los mismos reciban una sanción.

Es necesario, además, reiterar que los derechos humanos universales:

*Son inherentes o innatos al ser humano pues son parte consustancial a su naturaleza.

*Son imprescriptibles, es decir, no se adquieren ni pierden por el transcurso del tiempo.

*Son inalienables, lo que implica que no son transferibles a otros sujetos.

*Son irrenunciables, no se puede renunciar a su titularidad.

*Son universales, su goce corresponde a todas las personas, sin discriminación, sin exclusión.

*Son inviolables, o sea, no pueden ser quebrantados, y de ser así, la persona puede exigir una reparación o compensación por el daño causado.

Las mujeres en movimiento

En todas las épocas, las mujeres han sido parte de los movimientos sociales que han reclamado, defendido y exigido los derechos humanos. Sin embargo, no podemos olvidar que en el documento fundacional sobre los derechos, la libertad y la igualdad –es decir, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (Revolución Francesa, 1789)– ya las mujeres fueron marginadas e invisibilizadas. Relegadas al ámbito doméstico, carentes de poder y de participación política, su ejercicio ciudadano fue concebido como algo pasivo y al servicio de los ciudadanos activos, es decir, los hombres, quienes fueron encargados de la toma de decisiones políticas y de la dirección de las instituciones.

El espíritu implícito en este acuerdo social y en sus normativas y regulaciones, determinó que los derechos de las mujeres se concibieran como de menor categoría que los de los hombres, ratificándose –simbólicamente y en la práctica– una desigualdad genérica que perdura hasta hoy.

Pero por otra parte, muchas de las demandas precursoras de los primeros movimientos de mujeres, en especial, de las sufragistas, han comenzado a tener respuestas con la evolución histórica de las sociedades. Desde ya existe el desarrollo de todo un sistema internacional de derechos humanos y la instauración de instrumentos para su protección y defensa (entre otros, la Declaración Universal de DD.HH., la CEDAW, la Convención de Belem do Pará, la Convención de los Derechos del Niño/a, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales). Además, se han instalado espacios globales de debate de donde han surgido paradigmas trascendentes para la condición de la mujer, como ha sido el caso de las conferencias de Naciones Unidas de las últimas décadas.

En términos de derechos reclamados, hoy ya no se discute que la capacidad de votar como derecho de ciudadanía corresponde tanto a hombres como a mujeres; sin embargo, la mayor representación femenina en instancias de decisión y en cargos de representación política todavía está pendiente. Tampoco se pone en duda que, en general, las legislaciones nacionales de muchos países muestran avances para garantizar una mayor igualdad ante la ley. Sin embargo, en otros siguen vigentes leyes que de hecho denigran a las mujeres (como aquellas que permiten que el violados se case con la mujer agredida y logre la impunidad por el delito cometido), las consideran menores de edad, o no les reconocen el derecho a la propiedad, a la herencia de la tierra ni a la administración autónoma de sus bienes.

En otro aspecto, la fuerza laboral femenina se ha incrementado notablemente en las últimas décadas en una tendencia que aparece sin retorno, no existiendo casi área de ocupación donde las mujeres no hayan comenzado a incursionar. Pero las diferencias salariales por la realización del mismo trabajo persisten en detrimento de las mujeres, incluso en las sociedades más paritarias, al igual que las menores oportunidades de ascenso, de capacitación y de cargos de dirección. Demás está decir que la maternidad de las trabajadoras en general carece de suficiente protección, y en muchos casos está francamente amenazada.

Algo similar ocurre con el derecho a la educación, ya que es efectivo que las mujeres acceden cada vez en mayor número a los distintos niveles educativos, incluso a estudios superiores, con un rendimiento muchas veces mejor que el de los varones. Pero el analfabetismo sigue siendo más alto entre las mujeres, en especial en zonas rurales y en comunidades con alta presencia de población indígena. Otro aspecto negativo es la persistente deserción de las mujeres de sus estudios por razones de “maternidad”, lo que a menudo las aleja para siempre del sistema educativo, potenciando en ellas el círculo de la pobreza y la desigualdad de oportunidades.

Asimismo, en muchos programas educativos se advierte la presencia de un currículum oculto que refuerza los estereotipos de género, de tal forma que las niñas siguen pensando que ellas, por ser mujeres, nada tienen que ver con las ciencias, la tecnología y las matemáticas. Eso determina su posterior inserción laboral sesgada, es decir, en carreras profesionales y oficios que no son sino una extensión de su rol tradicional de servir a los demás, con menor prestigio social y con peor remuneración.

La salud, considerada como un derecho humano, como un bien social y colectivo, es un terreno de contradicciones. Pues si bien, desde el punto de vista de los avances de la medicina moderna, hay indicadores de salud que muestran enormes mejorías y en general la expectativa de vida tiende a ser más alta, el goce del derecho a la salud se ve amenazado por factores vinculados a los actuales modelos de desarrollo neoliberales instalados en la mayoría de las regiones. Al igual que lo que sucede en educación y previsión social, la salud tiende a ser cada vez más un privilegio de pocos, a raíz de procesos de reformas estructurales que no han hecho sino profundizar las desigualdades e inequidades en el goce de este derecho, lo que tiene especial impacto en la población de menores recursos en general, y en las mujeres en particular. La salud, conceptualizada como mercancía que se transa en el mercado, claramente no está al alcance de quienes carecen de medios suficientes, quienes han visto afectado su acceso a servicios, la calidad de la atención que reciben, el trato médico-usuarios/as, la disponibilidad de medicamentos e intervenciones oportunas, etc.

Como ejemplo, podemos mencionar el hecho de que las tasas de muertes maternas en muchas regiones continúan siendo tan altas como hace dos décadas, dando cuenta de la renuencia de los gobiernos de priorizar recursos humanos y materiales para la prevención de muertes que son esencialmente evitables a través de la implementación de medidas sencillas y no necesariamente de alto costo. Se ha señalado repetidas veces: las mortalidad materna es uno de los indicadores de desarrollo humano que denota los diferenciales más tajantes entre mujeres de países desarrollados y en desarrollo, es decir, es un marcador potente de la inequidad en salud.

Los derechos del cuerpo

Uno de los ámbitos donde las mujeres han encontrado mayores dificultades para el reconocimiento de sus derechos, y por supuesto para ejercerlos, es en su territorio corporal, y en su ámbito sexual y reproductivo. Efectivamente, aun cuando en el mundo las estructuras sociales, económicas y políticas comenzaron a experimentar profundas transformaciones en el siglo 19 y 20, las estructuras familiares, las normatividad social y cultural, los valores morales conservadores, las influencias retardatarias de las iglesias y de otros sectores fundamentalistas, continúan siendo barreras poderosas que impiden que las mujeres –y los jóvenes de ambos sexos– decidan autónomamente sobre sus cuerpos y puedan ejercer la libertad sexual y reproductiva a la que tienen derecho.

Uno de los hechos más oprobiosos que demuestra que el cuerpo de las mujeres es objeto de control y no se constituye en un territorio de libertad, es la violencia que se ejerce sobre él, en especial en el ámbito privado y con frecuencia a manos de la pareja, la ex pareja o familiares directos. En este sentido, paulatinamente se está logrando reconocer que la violencia contra las mujeres es un atentado a sus derechos humanos y que como tal debe ser denunciado y enfrentado por la sociedad en su conjunto. Asimismo, la promulgación de leyes que castigan a los agresores y la formulación de políticas públicas dirigidas a un abordaje más integral del fenómeno, también reflejan una mayor decisión política para la erradicación de las distintas expresiones de violencia con sesgo de género.

Sin embargo, lo cierto es que la cotidianidad de mujeres y niñas es una muestra clara de que la protección de sus derechos, de sus vidas y de su integridad corporal y psíquica es todavía insuficiente y que los Estados tienen una gran deuda al respecto. Por ejemplo, ciertas expresiones de violencia contra las mujeres en lugar de disminuir han aumentado: es el caso del incremento notorio de femicidios, el tráfico y explotación sexual, el abuso de niñas, la violencia sexual (que además se vincula con el mayor riesgo de infecciones de transmisión sexual, entre ellas el VIH/SIDA, y de embarazos indeseados); la violencia y abuso sexual contra mujeres y niñas en contextos de guerra; la violencia contra mujeres lesbianas y bisexuales, etc. Esto refleja que continúa presente la “naturalización” de los actos violentos contra mujeres, es decir, la idea de la propiedad y control de los cuerpos femeninos por parte de los hombres, y que los cambios culturales que desafían este concepto no han logrado ser instaurados.

Pero el control del cuerpo de las mujeres no se limita a la violencia explícita. También se hace evidente en las dificultades que las mujeres enfrentan para decidir sobre su sexualidad y reproducción, para ejercer su libertad de decidir si quieren ser madres o no, y cuándo serlo. Se refleja en los obstáculos que encuentran para acceder a un aborto libre y seguro, para utilizar anticoncepción moderna y efectiva, incluyendo la anticoncepción de emergencia; para parir en modalidades acogedoras y humanizadas; para ejercer su sexualidad como les plazca y acomode, o para no ejercerla, si lo deciden.

Ya en el siglo 19, Margaret Sanger (1879-1966), con su cruzada por legalizar el control de la natalidad y el derecho al aborto, marcó la agenda feminista de su época exigiendo la autonomía sobre el cuerpo como un tema político, al señalar: “Ninguna mujer puede llamarse libre, si no es dueña del control de su propio cuerpo”. Estas palabras precursoras, sin duda no tienen aún respuestas.

Los derechos sobre el cuerpo, la reproducción y la sexualidad; los derechos a la autonomía y la privacidad; a la integridad corporal, a la diversidad y a la individualidad, deben visualizarse, por lo tanto, como demandas tan trascendentales como las políticas, económicas, sociales, civiles o culturales, puesto que permiten configurar una ciudadanía plena. La legitimación definitiva de los derechos de las mujeres a nivel de la sociedad solo será completa si incluye los derechos sobre el cuerpo, y si logra traspasar y permear, con toda su riqueza conceptual y política, a los distintos ámbitos donde se desarrolla la vida de nuestras sociedades. La tarea es de todas y todos.

http://www.reddesalud.org/espanol/

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