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Marco A. Gandásegui, hijo

ALAI AMLATINA, 20/09/2007, Panamá.- El anteproyecto de ley que privatiza
los recursos hídricos provoca mucha preocupación entre los diferentes
sectores de la sociedad panameña. La principal razón de la zozobra es
producto del hermetismo gubernamental y la falta de información en los
medios.

Las autoridades se limitan a informar que los recursos hídricos del país
están muy desordenados y que falta actuar rápidamente. ¿Qué quiere decir
esto? Nadie sabe. ¿Acaso los ríos están bajando de las montañas sin que
los humanos sepamos en qué dirección corren o por qué sector saldrán al
mar? Obviamente, este no es el caso. Entonces ¿cuál es el problema que
han detectado las autoridades?

El consenso de Washington, acuerdo establecido por las agencias
financieras y el gobierno de EEUU, a principios de la década de 1990,
planteó que todos los países del mundo tenían que seguir una nueva
racionalidad. La racionalidad de mercado, que implica aceptar una
Verdad: lo que es bueno para el mercado, es bueno para la sociedad y,
también, es bueno para cualquier ser humano.

Todos los valores – incluso el agua - deben reducirse a la demanda y a
la oferta del mercado. Una propuesta que requiere una alta capacidad de
abstracción. Durante décadas en Panamá se pensaba de una manera más
pragmática. Se consideraba, por ejemplo, que la educación es un valor
importante (y muy concreto). Los gobiernos, por lo tanto, tenían la
obligación de hacer inversiones en este sector. Muchas veces era
necesario sacar recursos de otras áreas para cubrir las demandas de la
educación. Se consideraba que este “sacrificio” redundaba en el progreso
y, por lo tanto, beneficiaría las futuras generaciones.

Para asegurar el progreso también se hacían inversiones en la industria,
en la construcción de carreteras y en la seguridad social. Se planteaban
objetivos, se definían estrategias y se elaboraban planes. Los
empresarios que buscaban ganancias se insertaban en el proceso para
competir y sacar ventajas. Según el consenso de Washington esta manera
de proceder es irracional y debe descartarse (a los pragmáticos los
llaman “populistas”).

La propuesta que han logrado imponer en el mundo pone de cabeza la idea
del desarrollo y plantea que el gobierno debe promover los negocios y
como resultado del “goteo” que produce el “crecimiento económico”, los
niños irán a las escuelas, se crearán nuevos empleos industriales, las
carreteras abundarán y todos los trabajadores estarán asegurados. Tesis
que ha probado ser falsa en todos los países donde se ha aplicado.

En el caso del agua, en los últimos 100 años, los gobiernos panameños
crearon una red nacional de agua potable para la población elevando los
niveles de vida y erradicando las enfermedades de origen hídrico en el
país. Se construyeron represas sobre los ríos Chagres, Bayano, Chiriquí
y otros para alimentar de energía a las industrias y residencias de las
ciudades. Se crearon sistemas de riego en las provincias agrícolas del
país para asegurar que se produjeran los alimentos que necesitan los
consumidores panameños.

Para sorpresa de todos ahora el gobierno, aplicando la “racionalidad”
neoliberal, dice que todo lo hecho en el siglo XX es sólo “desorden”.
Sin informarle a los panameños, el gobierno anuncia que le dará en
concesión (¿perpetua?) a empresas privadas los recursos hídricos del
país. Es decir, todos los ríos y cuerpos de agua serán entregados a unos
pocos especuladores quienes se harán millonarios.

En el resto de América latina esta iniciativa ha sido rechazada por los
pueblos – incluyendo empresarios y agricultores - que se han levantado
en protesta. Aparentemente, los panameños se aprestan para otra batalla
contra los neoliberales atrincherados en el gobierno.

- Marco A. Gandásegui, hijo es profesor de Sociología de la Universidad
de Panamá e investigador asociado del CELA.

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