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Eduardo Gudynas
ALAI AMLATINA, 29/08/2007, Montevideo.- Mientras que los defensores de
la globalización convencional proclaman sus beneficios, tanto económicos
como políticos, en América Latina se suman los conflictos con la
democracia y la autonomía nacional que genera la apertura al comercio y
las finanzas mundiales. Adentrarse en la globalización exige renuncias,
y aunque poco se hable de ellas, entre las más dolorosas están el
debilitamiento del Estado y la democracia.
Una observación atenta permite encontrar varios ejemplos: en Perú, la
promoción de la producción nacional se encoge bajo el Tratado de Libre
Comercio con Estados Unidos, la política agropecuaria brasileña sigue
volcada a las agroindustrias exportadoras antes que a erradicar
efectivamente el hambre, mientras que un tribunal internacional de
arbitraje le notifica a Argentina que deberá pagar una indemnización al
consorcio francés Vivendi, que operaba como proveedor de agua potable.
Las bases conceptuales de estas tensiones entre las metas globales y las
renuncias nacionales acaban de ser recordadas por Dany Rodrik, un
destacado economista la Universidad de Harvard. Cuando se apunta a tres
objetivos: la globalización comercial, mantener la soberanía nacional y
la democracia, se desemboca en contradicciones inevitables, ya que los
avances hacia una de esas metas, exige renuncias en las otras. Rodrik
presenta ese problema como mucho más que un dilema: es un “trilema”
sujeto a una imposibilidad práctica ya que no se pueden alcanzar las
tres metas a la vez.
Casi todos los gobiernos de América Latina, con diferente énfasis,
insisten en insertarse en la economía global, lo cual inevitablemente
exige que se eliminen las regulaciones, trabas y costos en el comercio
de bienes y el flujo de capitales. Marchar por ese sendero desemboca en
redefinir el papel del Estado nación, aplicando medidas para atraer
inversores y promover exportaciones. Pero esas acciones tienen
consecuencias, y una de las más evidentes ha sido una reducción del
Estado en varios temas, como desproteger sectores productivos
nacionales. Pero el proceso es un poco más complejo ya que,
simultáneamente, los gobiernos se fortalecen en otros aspectos para
asegurar ese flujo de mercancías y capitales. Por ejemplo, se abandona
el apoyo a la producción agropecuaria, pero se protegen las inversiones,
incluso militarmente, de empresas mineras o petroleras.
Este nuevo entramado global se basa en reglas y convenios que van mucho
más allá del comercio convencional de mercancías, alcanzando temas tan
dispares como los servicios o el flujo de capitales. Además, el Estado
nación subscribe o acepta compromisos internacionales bajo los cuales
cede parte de sus facultades de regulación y ata sus funciones a la
economía global. En constante competencia frente a otros países por
atraer a los inversores, se aligeran las exigencias ambientales, se
reducen los estándares laborales y se desentiende del ordenamiento
territorial. Mas tarde o más temprano, los agentes globales se apropian
de una proporción mayor de beneficios mientras que las comunidades
locales deben lidiar con los efectos sociales y ambientales negativos.
Las reacciones ciudadanas son ignoradas, y en algunos casos combatidas
debido a que entorpecen ese flujo de capitales, y por lo tanto la
democracia se deteriora.
Además, la globalización está generando su propia institucionalidad. El
CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a
Inversiones) es un excelente ejemplo. Muchas naciones han firmado
compromisos que transfieren a ese centro, dependiente del Banco Mundial,
las potestades para las resolver controversias que tuvieran lugar dentro
de su territorio. Este centro es el que acaba de resolver que Argentina
deberá pagar una indemnización a la corporación francesa Vivendi. Pocos
días atrás, ese mismo organismo rechazó un recurso de medidas cautelares
presentado contra Ecuador por la petrolera Occidental (Oxy). Semanas
antes, el CIADI también rechazó otra acción contra Ecuador, en este caso
elevada por el MCI Power Group de Estados Unidos. La cuestión clave no
reside en el éxito o el fracaso de cada una de esas resoluciones, sino
en comprender que la continuada operación de un mecanismo de este tipo
siempre es una renuncia. Se ha renunciado a resolver con eficiencia y
justicia las disputas comerciales, y para cumplir con las exigencias de
los agentes económicos globales se depende de un mecanismo que flota en
el espacio internacional, basado en prácticas empresariales, y donde las
decisiones las toman árbitros internacionales.
El “trilema” de Rodrik advierte sobre esta problemática. Si se
profundiza la integración comercial global, no se podrán atender las
exigencias ciudadanas nacionales para revertir sus consecuencias
negativas y por lo tanto la democracia queda recortada. A pesar de esto,
regímenes políticos tan diferentes, como Alan García en Perú, o Tabaré
Vázquez en Uruguay, apuestan a la llegada de los inversores, y
ejemplifican a un Estado nación que no se enfrenta a la globalización,
sino que facilita y alienta su inserción global. Son gobiernos absortos
en asegurar un mercado abierto, que sea “amistoso”, “confiable” y
“seguro” para el capital internacional. Las políticas públicas se
encogen a medidas mercantiles, y su especificidad nacional se desvanece
en hacerlas compatibles con las necesidades de los mercados globales.
Las decisiones políticas se reducen a costa de fortalecer la
interconexión económica; la prosecución activa del desarrollo se
desvanece ya que se lo espera como consecuencia mecánica del crecimiento
económico. Esta reducción de la política obliga a aislar las
instituciones y mecanismos de decisión política, y limitar la
participación ciudadana.
Las estrechas vinculaciones de estas tensiones con el sueño globalizador
no reciben la atención que merecen, y en muchos casos el “trilema” de
Rodrick es ignorado. Es así que las propuestas económicas
gubernamentales no discuten las implicancias negativas de la
globalización, aunque se sufren sus consecuencias. Los procesos de
integración regional dentro de América del Sur olvidan su potencial para
permitir otra forma de inserción internacional, recuperando la autonomía
frente a la globalización. Por el contrario, insisten en permanecer como
acuerdos intergubernamentales basados en el protagonismo presidencial.
Terminan siendo plataformas para zambullirse todavía más dentro de la
globalización, cuando en realidad podrían ser los marcos para fortalecer
al Estado y la democracia en la búsqueda de un desarrollo comprometido
con las necesidades nacionales y regionales.
E. Gudynas es investigador en D3E (Desarrollo, Economía, Ecología,
Equidad – América Latina), en Montevideo (Uruguay).
Más información: http://alainet.org
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