MUJERES EN LA BLOGOSFERA

- - - Servicio Informativo "Alai-amlatina" - - -

Jennifer Moore

ALAI AMLATINA, 4/07/2007, Quito.- La posición del gobierno ecuatoriano
respecto a la explotación minera a gran escala en el Ecuador ha
sorprendido y preocupado a los sectores afectados. Los bloqueos de
carreteras organizados por la “Coordinadora Nacional por la Defensa de
la Vida y la Soberanía” la semana pasada enfrentaron una fuerte
represión policial, de igual manera las nuevas declaraciones del
gobierno están en contradicción con las demandas de las comunidades.

Si bien Ecuador ha sido un país productor de petróleo durante 40 años,
nunca ha sido un productor minero importante. Sin embargo, las reformas
legales que favorecen a la inversión privada y los estudios que revelan
la riqueza de los depósitos minerales en los Andes ecuatorianos y en el
sur de la región amazónica han hecho que el país sea muy atractivo para
los inversionistas extranjeras y en particular para los intereses
canadienses. Hasta la fecha, se han entregado más de 4.000 concesiones
de explotación minera, cubriendo aproximadamenteel 20% del territorio,
incluyendo muchas áreas, cultural y biológicamente diversas. Toda vez,
los proyectos actuales aún no inician la producción.

Las miles de personas que respondieron a la convocatoria de la
Coordinadora Nacional por la Defensa de la Vida y la Soberanía están
convencidas de que existen mejores alternativas para el futuro de sus
comunidades y del país. En vista de que las comunidades afectadas ya
están sufriendo los efectos de la división social, y conociendo del
deterioro de la salud y el medio ambiente registrado en otros países,
aspiran a que el Ecuador se eche para atrás y sea declarado "un país
libre de la explotación minera a gran escala".

La Coordinadora Nacional por la Defensa de la Vida y la Soberanía

La Coordinadora Nacional por la Defensa de la Vida y la Soberanía se
fundó el 26 de enero de 2007, congregando a comunidades de varias
provincias del Ecuador, así como a organizaciones ambientalistas y de
derechos humanos, asociaciones urbanas y a grupos de estudiantes. Lina
Solano de la Coordinador Nacional dice que "los impactos sociales y
ambientales de la minería a gran escala son muy significativos como para
justificar que esta sea una importante fuente de ingresos para el país”.
De la experiencia ecuatoriana como productor de petróleo ella deduce
que: “nosotros ya sabemos en donde serán gastadas las ganancias"
refiriéndose a que una porción mínima beneficiará a las comunidades
locales.

Sin embargo, para alcanzar tales beneficios, el gobierno debe plantear
la reforma de la Ley de Minería, que establece el pago de una mínima
patente de conservación por hectárea y el 0% de regalías. En una
reciente entrevista con Reuters, el Subsecretario de Minería, Jorge
Jurado, indicó que el gobierno presentará un proyecto de reformas al
Congreso en el transcurso de este mes, que, entre otros cambios,
reintroducirá las regalías. El gobierno también ha dicho que creará un
Ministerio de Minas (independiente del de Energía) y una empresa estatal
de explotación minera.

Sin embargo, la Coordinadora Nacional exige que el gobierno suspenda los
proyectos actuales e imponga una moratoria a las nuevas concesiones.
Después de realizar investigaciones, también quiere anular las
concesiones actuales, basándose en la Constitución del Ecuador, que
garantiza el derecho de las comunidades a una consulta previa, justa e
informada. El Presidente y el Ministro de Energía y Minas anterior,
Alberto Acosta, señalaron previamente que las demandas de las
comunidades son justas y que la mayoría de concesiones actuales son
inconstitucionales por esta misma razón.

El levantamiento nacional enfrenta la represión

Mientras los proyectos mineros se alistan a empezar la fase de
explotación, la Coordinadora Nacional ha estado buscando la ayuda
urgente del gobierno. Sin embargo, ante la falta de respuestas
oportunas, declaró un paro nacional indefinido el 5 de junio. Las
manifestaciones de la semana pasada obtuvieron una respuesta
contundente, mas no la que anhelaban.

Los cierres de carreteras iniciados el día martes 26 bloquearon las más
importantes arterias que rodean a Cuenca, capital de la provincia sureña
del Azuay. Otras carreteras principales también fueron cerradas en las
provincias de Morona Santiago y de Zamora Chinchipe, al sur de la
Amazonía; también se realizaron manifestaciones en la provincia de
Chimborazo.

El miércoles 27, el Presidente ordenó a la policía terminar con los
bloqueos e indicó que la "eliminación de las concesiones de explotación
minera es inconcebible" dado los costos que implicaría para el Estado,
negándose a dialogar con los manifestantes. La orden de emplear la
fuerza policial dio lugar a una brutal represión contra los
manifestantes en Azuay.

Centenares de policías emplearon cantidades abrumadoras de gases
lacrimógenos y se movilizaron vehículos anti-motines para poner fin
violentamente a los bloqueos, en los que participaban gente de todas las
edades. Decenas de personas fueron detenidas, y varios manifestantes
fueron heridos, al igual que algunos oficiales de policía. En Molleturo,
los manifestantes reportaron la llegada de más de 400 soldados y de 150
oficiales de policía que despejaron las carreteras el viernes en la noche.

"Estamos increíblemente sorprendidos," dice Lina, "porque no pensamos
que un gobierno comprometido con la defensa de nuestro país y de nuestra
soberanía podría permitir eso”.

Cabe anotar que varias comunidades de las provincias de Imbabura, de
Pichincha, de Bolívar y de Cotopaxi, en ocasiones anteriores, ya han
participado en manifestaciones similares. Por su parte, las
organizaciones indígenas más importantes del Ecuador, la CONAIE y la
ECUARUNARI, la semana pasada, emitieron declaraciones públicas en
solidaridad con la lucha de los afectados por los proyectos mineros.

Gobierno en conflicto con los intereses de la comunidad

El cambio de posición del gobierno genera preocupación. Lina Solano
señala que el planteamiento del gobierno de que “la minería tiene que
ser la fuente de subsistencia del país, luego de que el petróleo se
agote, nos parece terrible, porque es tratar de negociar con nuestra
vida, con la vida de miles de familias campesinas sobre todo, que van a
estar afectadas por estos proyectos mineros".

El Subsecretario de Minería anunció la semana pasada que se conformará
una Comisión de Alto Nivel para elaborar un informe en el plazo de 30
días referente al proyecto Quimsacocha. Éste es una gran iniciativa
minera liderada por la empresa canadiense IAMGOLD, en la zona de Tarqui,
donde hay una fuerte oposición.

Esto también es un "paso hacia atrás," según Lina. “Justamente el 26 de
marzo cuando conversamos con el Presidente, él inmediatamente dio luz
verde al entonces Ministro de Energía y Minas, Alberto Acosta, para que
inicie lo que serían las auditorias exhaustivas de los proyectos"; pero
el hecho de que se conforme la comisión no significa que se va a
suspender el proyecto.

Reflexionando sobre los últimos cinco meses, Lina considera que la
Coordinadora Nacional ha logrado generar una discusión nacional sobre el
tema. Sin embargo, dice, que “si los otros sectores organizados y el
resto de la población de Ecuador no reacciona frente a lo que está
pasando lamentablemente no vamos a poder hacer frente” a este problema.

* Un versión de este artículo con las notas y fuentes se encuentra en:
http://alainet.org/active/18436

y una versión más extensa en inglés en:
http://alainet.org/active/18420

Más información: http://alainet.org
ALAI - 30 AÑOS
______________________________________
Agencia Latinoamericana de Informacion
email: info@alainet.org

-----------------------------------------------------------------------------------------