MUJERES EN LA BLOGOSFERA

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Silvia Ribeiro

ALAI AMLATINA, 17/05/2007.- Una forma de ocultar la realidad es repetir
una mentira hasta el cansancio, esperando que finalmente algunos se la
crean. El tema del maíz en México tiene muchos ejemplos de esta técnica
de la infamia.

Hace unos meses, el aumento del precio de la tortilla generó un enorme
malestar en el país. Por la importancia del grano en México, su centro
de origen, fue noticia en los mayores diarios del globo. En la mayoría
de los medios se manejó que el aumento se debió al incremento del precio
del maíz en el mercado mundial, generado por la demanda de este grano
como agrocombustible.

Sin embargo, el aumento de la tortilla excedió con mucho el porcentaje
de aumento del precio del grano, y la coyuntura fue aprovechada como
jugoso negocio por los grandes comercializadores e industrializadores
del grano. Algunos de ellos, como Cargill, habían incluso acaparado maíz
mexicano y lo vendieron a más del doble del precio al que lo habían
comprado. El gobierno intervino, y en una reunión inverosímil donde
participaron, entre otros, las grandes transnacionales de la
distribución e industrialización del maíz, decidieron fijar un aumento
de 40 por ciento en el precio de la tortilla. Esto se presentó
mediáticamente como un freno al precio de la tortilla -a favor del
público- cuando en realidad fue una legalización del aumento
desproporcionado que habían impuesto los grandes empresarios. El
acuerdo, que iba a durar hasta el 30 de abril, fue recientemente
renovado hasta agosto.

En esta ocasión, los grandes empresarios de distribución, procesamiento
y uso industrial del maíz como forraje, exigieron además de mantener
alto el precio de la tortilla, pagar precios menores a los productores,
-porque ahora sí era hora de reconocer que el aumento anterior no era
real. Es decir, exigieron ganar en todas las puntas. Nuevamente se firmó
el "acuerdo", como si fuera un acto dadivoso del gobierno para defender
los intereses de la población, cuando lo que se hizo fue legalizar el
despojo y favorecer a unas cuantas trasnacionales.

En paralelo a estas componendas, se activaron otros frentes de guerra
sobre el maíz, por parte de las empresas y gobierno contra los
campesinos y la mayoría de la población. Por un lado, el Centro de
Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), que es parte del Consejo
Coordinador Empresarial -al cual pertenecen los mismos que se
beneficiaron con la crisis de la tortilla- publicaron "estudios"
indicando que la salida de la crisis para México es la producción de
maíz para agrocombustibles y que para ello, es necesario que sea maíz
transgénico. Me refiero a "estudios" con comillas, porque según su
propia definición, "El CEESP (Š) financia todas sus actividades de
investigación gracias a los donativos de sus patrocinadores". Es decir
son estudios financiados por el lobo sobre lo que le conviene a Caperucita.

De otro modo, no se entendería como este pretencioso "estudio" ignora el
hecho de que la productividad del maíz como agrocombustible es muy baja,
y que si se agregan los costos de los insumos basados en petróleo que
requiere su producción y procesado (agrotóxicos, gasolina para
maquinaria, transporte, conversión en etanol, refinado, etc.), el aporte
energético es negativo. Es decir, no es una solución para el cambio
climático, que es la razón por la que teóricamente se promueve, sino lo
contrario.

Sin embargo, para Estados Unidos sí es negocio, porque lo anterior no es
un dato que le importe. Basta que se publiquen estudios parciales que
parezcan positivos -si no se analizan de cerca- que le sirva de coartada
para subsidiar aún más a sus propios productores de maíz, ahora con el
pretexto de combatir el calentamiento global. Como esto también es un
negocio brillante para las empresas más fuertes del planeta -automotriz
y petrolera- junto a las de comercio internacional de cereales,
productores de transgénicos y agrotóxicos, todos se han unido para ir
logrando leyes y marcos financieros que le faciliten el nuevo negocio.
En este caso, la meta es lograr que muchos países compitan -con
préstamos del Banco Mundial y otros bancos multilaterales que pasan a
aumentar las deudas externas de esos países- para venderles la materia
prima que demandan para agrocombustibles. Esta proliferación llevará,
cualquiera sea el cultivo, a la baja del precio. México no sería una
excepción en esta dura competencia, ni con caña de azúcar ni otros
cultivos y mucho menos con maíz. Peor aún, México tiene mucho más para
perder con la contaminación de su maíz nativo, con los transgénicos no
comestibles que se pretende usar para agrocombustibles.

Complementariamente con la urdimbre de este fino estudio, las
transnacionales dueñas del comercio de semillas insisten en que México
tiene que plantar maíz transgénico. Lo han intentando ya tres veces,
pero fueron rechazadas por no cumplir los trámites legales. Esta
pretensión ha sido rechazada por la vasta mayoría de la sociedad
mexicana, incluyendo campesinos, indígenas, científicos, consumidores,
artistas, porque atenta contra la integridad del maíz, uno de los
patrimonios más importantes de México, creado y cuidado por millones de
campesinos e indígenas durante milenios.

Sin embargo, todo indica que para el gobierno pesan más tres
transnacionales que miles de años de historia y la voluntad del pueblo
mexicano, por lo que ahora se dispone a firmar un reglamento de la Ley
Monsanto (mal llamada de Bioseguridad), que les permita contaminar a los
agricultores y campesinos -ahora legalmente- con maíz transgénico.

Lo que no lograrán, por más que repitan sus mentiras, es ocultar la infamia.

- Silvia Ribeiro es investigadora de Grupo ETC.

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