Resumen de Cimacdiario, Vol 47, Envío 8
* Alta exclusión de mujeres abogadas en la justicia argentina
-- Los mejores puestos, para hombres
Buenos Aires, Arg., 3 mayo 07 (CIMAC).- En Argentina avanza la feminización
de la Justicia, pues casi la mitad de los juzgados de primera instancia de
la Justicia nacional con asiento en la Capital y de los de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires están ya en manos de mujeres. Sin embargo, todavía
las juezas son relegadas a los fueros estrechamente relacionados con los
roles sociales tradicionales de las mujeres, como el de Familia, y el área
Penal se mantiene como un enclave masculino, dice un reporte de Página/12.
Además, persiste la exclusión femenina de las instancias superiores y de
los juzgados de mayor jerarquía y prestigio como son los federales, dice
el diario argentino.
En la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional sólo
hay dos mujeres en un total de 14 cargos y en los
Tribunales Orales en lo Criminal se desempeñan 16 mujeres en un total de
80 puestos.
No hay ninguna mujer en la Cámara Federal de Apelaciones en lo Criminal ni
tampoco en la Cámara Electoral. Nueve provincias no tienen ninguna ministra
en su máximo tribunal.
Expertas en el tema advierten que detrás de la aparente neutralidad en la
selección de los nuevos jueces que introdujo el Consejo de la Magistratura
se esconde un mecanismo que perjudica a las mujeres: desde su creación
hubo 108 vacantes cubiertas por varones y sólo 47 por mujeres en los
juzgados federales y nacionales que funcionan en la Capital Federal.
Y hay provincias en las que no se designó a ninguna mujer. En los grandes
estudios (despachos) de abogados del país la discriminación es aún peor:
apenas 1 de cada 20 mujeres llega a socia, contra 1 de cada 4 varones que
lo logra.
Una investigación del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) -a
la que tuvo acceso Página/12- revela la dispar participación de las mujeres
en los órganos de administración de justicia en Argentina, a pesar del
creciente ingreso femenino a la magistratura.
Como muestra, el estudio detalla la ubicación femenina dentro de la
Justicia nacional u ordinaria y federal con asiento en la Capital Federal y
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entre la primera, segunda y tercera
instancia, el total de jueces suman 638 (a fines de 2006): de ellos 230 son
mujeres (36 por ciento) y 408 varones (64 por ciento). "Aunque no reflejan
una situación de equidad de género, se puede considerar que hay una
proporción bastante alta de mujeres en esos juzgados y tribunales comparado
con una década y media atrás.
Pero si uno analiza cada fuero, encuentra que sigue habiendo una división
sexual del trabajo y que las mujeres ocupan mayoritariamente la base de la
pirámide y disminuyen en las cúpulas", advierte Beatriz Kohen, directora
ejecutiva de ELA.
Algunos datos que muestra la radiografía de los tribunales que funcionan
en la ciudad de Buenos Aires: Casi uno de cada dos juzgados de primera
instancia de la Justicia nacional y de los de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (47 por ciento) ya están en manos de mujeres. En 1991, no llegaban a
uno de cada tres. Pero en las cámaras de apelaciones de la Justicia
ordinaria ocupan poco más de un cuarto de los cargos (27 por ciento). En
1991, tenían el 12 por ciento.
En los juzgados de primera instancia federales, las magistradas son
casi el 30 por ciento. En 1991, eran apenas el 10 por ciento. En la Corte
y cámaras de apelaciones federales no llegan al 20 por ciento. En 1991, en
los de segunda instancia no alcanzaban al 10 por ciento.
"No obstante los importantes avances, la representación femenina a nivel
de las instancias superiores y juzgados de mayor jerarquía y prestigio
--como son los federales- continúa siendo minoritaria y sugiere la
persistencia de una segregación vertical", señala el estudio de ELA.
La investigación encontró una mejor situación en cuanto a
la participación femenina en los tribunales y juzgados federales creados
más recientemente o en aquellos cuyo número se incrementó de manera
considerable, "lo que estaría indicando mejores posibilidades de inserción
para las mujeres en los tribunales más nuevos, tendencia ya notada en otros
países".
Es el caso de la Cámara Federal de Casación Penal, donde hay 3 juezas de un
total de 12 cargos, es decir, representan el 25 por ciento, de los juzgados
federales de primera instancia en lo Contencioso Administrativo, donde las
mujeres son incluso más que los jueces varones (7 contra 4), y de los
juzgados federales de la Seguridad Social, donde hay el mismo número de
juezas y magistrados (4 y 4).
Para las investigadoras de ELA, una de las razones de que las mujeres vayan
ganando terreno en la Justicia tiene "estrecha vinculación" con la enorme
expansión de la matrícula femenina de las universidades de Derecho que se
inicia a fines de la década de los años 70. Según el censo de 2004 en la
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, el 61.4 por ciento
son mujeres, la misma proporción de estudiantes femeninas en el conjunto de la
UBA.
Aunque hubo avances en la jurisdicción federal, el fuero "más reticente a
la incorporación de las mujeres" continúa siendo el Criminal y
Correccional, dentro del cual "no existe ninguna mujer en la Cámara y sólo
una entre los jueces de primera instancia", señala el estudio.
En la Justicia ordinaria, a pesar de que casi la mitad de los juzgados de
primera instancia están a cargo de mujeres, se da un fenómeno que revela
cierto sesgo discriminador: la mayor proporción de magistradas se da en los
juzgados de Menores (71 por ciento), en lo Contencioso Administrativo (63
por ciento), en lo Civil (53 por ciento) -en particular en los que tienen
especialización en Familia, 58 por ciento- y en los juzgados Laborales (51
por ciento).
"Es importante destacar -puntualiza Kohen- que salvo en los juzgados en lo
Contencioso Administrativo, las mayores concentraciones de juezas se dan en
fueros estrechamente relacionados con los roles sociales tradicionales de
las mujeres".
Otra curiosidad: en los juzgados nacionales de segunda instancia aumentó la
proporción de mujeres en casi todos los fueros, excepto en la Cámara
Nacional en lo Penal Económico, donde no existe presencia femenina.
Tampoco hay mujeres en los juzgados de primera instancia de este fuero. En
las cortes provinciales, las ministras son siempre minoría.
Actualmente en nueve de los altos tribunales ni siquiera hay una dama:
ocurre esa situación en Corrientes, Chubut, Tucumán, Neuquén, Río Negro,
San Juan, Santiago del Estero, San Luis y La Rioja. "Desde que me nombraron
a mí en 1984 en Mendoza no designaron ninguna otra mujer en la corte. Será
que el gobierno piensa que con una loca como yo, ya es bastante", se ríe,
con su habitual sentido del humor, la ministra Aída Rosa Kemelmajer de
Carlucci, única integrante del superior tribunal de Mendoza.
En total, hay 18 juezas en cortes provinciales y 91 varones, lo que
significa que apenas el 16.5 por ciento de los cargos tienen cara de mujer,
un contraste enorme frente a la proporción de juezas que se desempeñan en
los fueros inferiores.
La presencia femenina en las cúpulas de las grandes empresas jurídicas del
país es aún más recortada que las instancias superiores de los tribunales.
ABOGADAS "ASOCIADAS"
En las principales firmas, las mujeres se desempeñan casi en su totalidad
en la base de la pirámide jerárquica. Del análisis de la composición de los
12 estudios más importantes de la Argentina, surge que en ellos trabajan
1222 abogados, de los cuales 456 son mujeres. Pero el 95 por ciento de las
mujeres figura con categoría de "asociada", el escalón más bajo y el menos
redituables económicamente (cobran un sueldo fijo y a veces una
participación de las ganancias del caso en el que participan).
Apenas un tres por ciento son socias, lo que significa que reciben un
porcentaje de la facturación de la empresa. En cambio, entre los varones
abogados, el 24 por ciento es socio. Los datos son parte de un estudio que
acaba de terminar la profesora María Inés Bergoglio, titular de la Cátedra
de Sociología del Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad
Nacional de Córdoba e investigadora del Centro de Investigaciones Jurídicas
y Sociales de la misma casa de altos estudios, concluye Página/12.
07/GG/CV
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