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Atilio Boron
ALAI AMLATINA 16/04/2007, Buenos Aires.- Con el triunfo del SI en la
consulta popular realizada ayer en Ecuador se abre un proceso tendiente
a poner fin a esta intolerable escisión entre derechos constitucionales
que se convierten en letra muerta y un orden democrático deslegitimado e
inoperante.
Rafael Correa quiere refundar el Estado ecuatoriano. ¿Se trata de una
maniobra “populista” o responde a una necesidad histórica? La derecha
dice que lo primero, y la propaganda para descalificar la iniciativa
presidencial apeló a las técnicas usuales en estos casos: “campaña de
terror”, mentiras “que parecen verdades”, y todo tipo de chantajes. Si
gana el “sí”, decían los sedicentes “custodios de la democracia y la
libertad” tan valorados por George W., es votar por el caos, el
autoritarismo presidencial, el aborto, el comunismo. Incluso llegó a
decirse que, envalentonado por su triunfo, ¡Correa expropiaría las
tierras de las comunidades campesinas!
Afortunadamente esta campaña no parece haber sido demasiado eficaz para
“formatear” la conciencia política de las masas ecuatorianas. Su notable
triunfo contra el multimillonario Noboa en las elecciones presidenciales
pasadas fue una primera señal de los límites con que tropiezan tales
ardides; la paliza electoral infligida el día de ayer lo ratifica y, de
paso, confirma que el llamado hecho por Correa obedece a razones
profundas e impostergables por lo que el triunfo del “sí” a la
convocatoria de una constituyente debe ser saludado como un avance
político de primera magnitud.
Son muchos los datos que abonan esta interpretación. Una encuesta
realizada en 18 países de América Latina por Latinobarómetro a mediados
del 2006 demuestra que Ecuador y Bolivia son los dos países con la mayor
proporción de ciudadanos que dicen que puede haber democracia sin
partidos políticos y sin congreso. En el caso del Ecuador las cifras son
de un 45 y un 42 por ciento respectivamente; en Argentina 64 y 71 por
ciento. En buenas cuentas, casi la mitad de la población ecuatoriana,
harta de los engaños, las maniobras y las corruptelas que se
manifestaron con inusual intensidad en ese país cree que es posible
construir un régimen democrático sin partidos ni congreso.
Si observamos la proporción de gente que cree que el gobierno favorece a
unos pocos privilegiados en lugar de hacerlo a favor de todo el pueblo
los resultados son escandalosos. Sólo el 11 por ciento de los
ecuatorianos creen en lo segundo; 89 por ciento, en cambio, cree -¡con
razón!- que se gobierna a favor de los ricos y poderosos, siendo estos
guarismos los más extremos de toda América Latina. Lo interesante del
caso es que pese a estas decepcionantes realidades los ecuatorianos
siguen teniendo confianza en la democracia: el 54 por ciento dice que es
preferible a cualquier otra forma de gobierno, una cifra similar a la de
Chile (56 por ciento) y superior a la de Colombia (53 por ciento) y
Brasil (46 por ciento). Esta virtuosa persistencia del apoyo a la
democracia es tanto más loable si se tiene en cuenta que cuando se le
preguntó a los entrevistados si se hallaban “satisfechos” o “más bien
satisfechos” con el funcionamiento de la democracia en Ecuador apenas el
22 por ciento respondió afirmativamente.
Conclusión: la propuesta del presidente Correa es razonable y necesaria
porque intenta subsanar la profunda deslegitimación que ha sufrido la
democracia a manos de gobiernos “pseudo-democráticos” que una y otra vez
traicionaron el mandato recibido en las urnas. No por casualidad grandes
movilizaciones populares desalojaron a tres presidentes en menos de diez
años. Una de las más distinguidas sociólogas ecuatorianas, Ana María
Larrea, caracteriza a la constitución de 1998, surgida luego del
derrocamiento de Abdalá Bucaram, como “esquizofrénica”: de avanzada en
la formalización de los derechos medioambientales, de los pueblos
indígenas y afroecuatorianos, de las mujeres, de los niños y jóvenes y
de los discapacitados pero, al mismo tiempo, su talante neoliberal
consagra un estado “ausente”, débil, sin adecuados organismos de control
democrático y perpetúa un sistema político (partidos y congreso) con
escandalosos niveles de irresponsabilidad y corrupción, lo que impide
que los derechos que contempla puedan materializarse.
Con el triunfo del sí se abre un proceso tendiente a poner fin a esta
intolerable escisión entre derechos constitucionales que se convierten
en letra muerta y un orden democrático deslegitimado e inoperante. El
objetivo de la reforma será reconstruir al Estado, crear dispositivos
que garanticen la redistribución de la riqueza y la justicia social, la
defensa de la soberanía nacional y la nacionalización de los recursos
naturales. Claro que nada de esto podrá lograrse sin vencer la
encarnizada resistencia de las clases dominantes y sus aliados en
Washington. Tal como se ha dicho una y otra vez, quien pretenda reformar
nuestras sociedades no tendrá que vérselas con hidalgos adversarios
prestos a reconocer que su ciclo político ha concluido sino con feroces
enemigos dispuestos a responder con los horrores de una sangrienta
contrarrevolución la osadía de pretender cambiar un orden que sus
beneficiarios no sólo n justo sino también natural e inmutable.
Correa ha triunfado y demostró no sólo sabiduría para planear y ejecutar
su estrategia de construcción de poder sino además el valor y la audacia
que requieren todas las grandes iniciativas políticas. Ecuador necesita
este acto fundacional, y parece haber encontrado el personaje capaz de
encarnar esa necesidad histórica. Puede sonar demasiado hegeliano, pero
como Marx se encargó de demostrar la historia es siempre un proceso
dialéctico en donde los grandes procesos estructurales requieren de la
aparición de ciertos sujetos colectivos e individuales. En los últimos
diez años Ecuador vio nacer a los primeros. Ahora parece haber
encontrado a su líder. ¡Enhorabuena!
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