MUJERES EN LA BLOGOSFERA

CIMAC

Resumen de Cimacdiario, Vol 44, Envío 19

* Mujeres y niñas centroamericanas ante el horror de la migración

-- Padecen la "mano dura" mexicana

Por Ma. Guadalupe Gómez Q.

México DF, 13 febrero 07 (CIMAC).- Cientos de mujeres centroamericanas,
como Teresa García Tiu y Yolanda Amita, e incluso niñas, como Kimberly
Mariceli, son, al igual que los varones, víctimas de abusos, violaciones,
secuestros, accidentes y robos en territorio mexicano, en su intento por
hallar trabajo en México o en Estados Unidos.

Nadie sabe con certeza la cantidad de centroamericanos que cruzan la
frontera sur de México, pero se calcula que una tercera parte de los
migrantes que pasan cada mes de manera ilegal son mujeres, la mayoría de
entre 16 y 25 años de edad, algunas embarazadas, aunque hay también niñas,
según la ex legisladora Lucero Saldaña.

Teresa, Yolanda y Kimberly, migrantes centroamericanas, sintetizan bien la
suerte que corren miles de mujeres a quienes la pobreza obliga a dejar su
lugar de origen para buscar empleo y oportunidades en otro país, más al
norte, como México y Estados Unidos.

Las peores violaciones a sus derechos humanos ocurren primero,
paradójicamente, no en territorio estadounidense, sino en México, en donde
la estancia de un extranjero sin documento constituye un delito, y en
donde, a pesar de los discursos oficiales, la "mano dura" contra ellos se
aplica cotidianamente.

El operativo que llevaron a cabo el pasado sábado el Instituto Nacional de
Migración (INM), la Policía Federal Preventiva (PFP) y la Agencia Federal
de Investigaciones (AFI), ocurre también cuando autoridades mexicanas y
legisladores demandan al gobierno de Estados Unidos un trato justo y
respetuoso para la y los mexicanos que viajan indocumentados a ese país.

Y suceden los abusos, aunque la Secretaría de Gobernación, a través de la
Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos, detuvo la
implementación de las nuevas normas que habrán de regir las Estaciones
Migratorias en la frontera sur, ante la ola de protestas de organizaciones
no gubernamentales, pues su aplicación equivale a un oficial endurecimiento
del trato hacia las y los migrantes.

Pero a pesar de que no es oficial dicho "endurecimiento", en los hechos así
ocurre y "el trato hacia ellos es cada día más agresivo", denuncia el padre
Heyman Vázquez Medina, del refugio Hogar de la Misericordia, ubicado en
Arriaga, Chiapas.

UN TREN SIN FUTURO

Teresa García Tiu, de 25 años, viajaba, junto con más de 500 personas, en
el tren de carga detenido la noche del pasado viernes en el lugar conocido
como Paraíso, en el municipio de Arriaga, como parte de un operativo,
dijeron las autoridades, para combatir el tráfico ilegal de personas.

"Nos subimos y como a una hora de haber arrancado, cerca del Chauite, entre
Chiapas y Oaxaca, el tren se paró de repente. En las dos orillas de la vía
cientos de policías con armas gritaban que nos bajáramos", dijo a la prensa
desde su cama en el Centro de Salud de Arriaga, donde se encuentra junto
con otras cuatro personas que resultaron también lesionadas en el operativo.

Los centroamericanos empezaron a aventarse desde los techos de los
vagones, mientras cerca de 400 policías de la PFP y la AFI, así como
personal del INM los golpeaban y correteaban para subirlos a las camionetas.

"Yo me resbalé y caí, pasaron sobre mí y entonces perdí el conocimiento",
explica.

En el ferrocarril iban mujeres y niños. "Una salvadoreña estaba embarazada
como de cinco meses, alcancé a ver que la jalaban y la golpeaban para poder
detenerla, fue muy violento, había muchos gritos".

También viajaba en el tren, Yolanda Amita de León Méndez, de 26 años,
originaria de San Marcos, Guatemala, a quien le amputaron el pie, porque al
momento de caer su extremidad quedó bajo la rueda del ferrocarril.

Otros heridos se refugiaron en la Casa del Migrante de esa ciudad, pero se
niegan a ir a un hospital por temor a que los detengan y deporten a sus
lugares de origen.

Según el reporte oficial, 116 centroamericanos indocumentados, entre ellos
44 guatemaltecos, 32 hondureños, 27 salvadoreños, 12 nicaragüenses y un
cubano, fueron detenidos durante el operativo, muchos de ellos con heridas
de leves a graves, como en el caso de Amita, aunque la Secretaría de
Gobernación insiste en que se trató de un operativo en el que se respetaron
los derechos humanos de los migrantes.

Nadie sabe con certeza cuántos hombres y mujeres resultaron heridos o
mutilados en el operativo pues, según el sacerdote Heyman Vázquez Medina,
"todas las autoridades que participaron, golpearon a los migrantes, y con
macanazos los bajaban del tren, a otros les tiraban garrotes y leños para
bajarlos".

Algunos huyeron entre la maleza, otros corrieron y pudieron refugiarse en
la Casa del Migrante, pero la mayoría fueron aprehendidos por la policía y
remitidos a la cárcel de Arriaga para ser deportados.

Esta no es la primera redada contra migrantes centroamericanos que viajan
en el ferrocarril de la línea Chiapas-Mayab, que parte de este municipio,
reconoce el INM.

Y de la mujer salvadoreña embarazada que iba en el tren, hasta el momento
nada se sabe.

INFANCIA Y MIGRACIÓN

La migración es un fenómeno que no excluye a la infancia. Y ejemplo de ello
es lo ocurrido a Kimberly Mariceli, de tan sólo 12 años, quien fue detenida
y asegurada en la Estación Migratoria de Tapachula, el pasado 22 de enero,
junto con su padre y su hermano poco después de cruzar la frontera, en
Tapachula.

Iban rumbo a Huehuetan, donde ellos trabajan como albañiles, mientras la
niña les hace de comer. Pero inexplicablemente para ellos, esta vez los
detuvieron.

En la Estación Migratoria separaron a Kimberly de sus familiares, y la niña
permaneció ahí varios días sin saber en dónde estaban, a pesar de haberlo
preguntado en reiteradas ocasiones a los policías y empleados del INM.

El miércoles 24 de enero, la niña le pidió a una señora "vestida de azul"
que quería ver a su papá y esta persona le respondió que el señor Marino
Timoteo López Zacarías ya había sido deportado.

El Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, documentó que el
padre de Kimberly, Marino Timoteo López, y su hermano, menor de edad,
Bairon Requeldir López, habían sido deportados ese mismo día 24 de enero,
sin que pudieran ver a la niña.

Con ello se demostró que las autoridades mexicanas violentaron de forma
grave sus derechos humanos, los de su padre y su hermano, en relación a
tener acceso a la asistencia consular y al derecho de la niña de permanecer
con su padre.

CENTROAMERICANOS SON "UN BOTÍN"

Las violaciones a los derechos humanos de las y los centroamericanos son
cometidas no sólo por asaltantes furtivos "maras" o "polleros", pues de
ellas son también responsables autoridades civiles y militares, como han
denunciado reiteradamente diversas organizaciones, nacionales e
internacionales, de derechos humanos.

Las y los migrantes centroamericanos son un botín también para las
autoridades, ha expresado en diversas ocasiones el sacerdote Herman Vázquez
Medina, quien dirige el "Hogar de la Misericordia", que da alojo, comida y
medicinas a migrantes centroamericanos en el municipio de Arriaga, Chiapas.

De nada valen los tratados internacionales con que México se ha
comprometido, tampoco las promesas de respeto a los derechos de las y los
migrantes o las múltiples denuncias que se han hecho públicas a través de
los medios de comunicación.

La sociedad está insensibilizada, dice el también sacerdote José Alejandro
Solalinde, de la Diócesis de Tehuantepec, detenido recientemente en Ixtlán,
Oaxaca, por acompañar a un grupo de centroamericanos que buscaban liberar a
sus familiares secuestrados por una banda que ataca a migrantes.

Nada importa, dijo entonces a la prensa nacional, que estemos haciendo
llamados a las autoridades para que acaben con esta situación, pues los
mismos policías y funcionarios están en contubernio con los secuestradores
para impedir que los centroamericanos lleguen a su destino, despojándolos
de su dinero, en muchas ocasiones de su salud y hasta de la vida.

Y hasta ahora no se conoce públicamente de ninguna investigación que se
lleve a cabo para documentar la existencia de 4 casas de seguridad en
Ixtlán en donde, a decir del sacerdote, mantienen a los centroamericanos
que secuestran.

LA PESADILLA QUE VIENE

Las organizaciones de derechos humanos se preguntan -ante el virtual
endurecimiento de la política migratoria en la frontera sur- qué pasará si
se pone en marcha la reforma de operación en las Estaciones Migratorias,
detenida cautelosamente por la SG.

El panorama actual, nada halagador, más bien vergonzante, estaría reforzado
por una serie de medidas que oficializarían el mal trato, como la negación
del derecho a recibir visitas hasta por 20 días o el aislamiento del resto
de los internos por un periodo similar, a discreción del jefe de la
estación migratoria.

También sería más difícil para los defensores de los derechos humanos y
sacerdotes penetrar a las instalaciones del INM, pues les solicitarán
identificación oficial vigente, registrarse en un libro de gobierno,
someterse a revisión exhaustiva y, en algunos casos, se les tomarían
fotografía y huellas dactilares.

Las ONG deberán presentar documentación sobre la constitución del
organismo, señalando nombres de sus integrantes, entre muchas otras medidas
que facilitará la comisión de violaciones a sus derechos y la impunidad de
los agresores, dicen la Comisión Episcopal de la Movilidad Humana, Sin
Fronteras y la Red Mexicana Todos los Derechos para Todos.

El proyecto en mención, elaborado por la Secretaría de Gobernación, fue
enviado a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) el 22 de
noviembre pasado. Y espera sólo la autorización de dicha comisión para que
la secretaría lo haga público en el Diario Oficial de la Federación, con lo
que entraría en vigor.

Pero con o sin proyecto, dice la asociación Sin Fronteras I.A.P, todo
parece indicar que se aplican ya varias de sus disposiciones en las
estaciones migratorias, desde hace tiempo.
Los hechos lo corroboran.

07/GG
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