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Ecuador:
Movimientos ciudadanos, Asamblea Constituyente y neoliberalismo

Pablo Dávalos

ALAI AMLATINA, 12/01/2007, Quito.- La transición a la democracia, que en
Ecuador ocurrió tempranamente en 1979, se caracterizó por el diseño de
un sistema político excluyente, cerrado y tecnocrático, pero que al
menos le otorgaba al Estado la capacidad de regular la economía y los
mercados, en función de una idea, a la sazón en boga, de
industrialización y crecimiento endógeno.

Esa transición se hizo también destruyendo la capacidad de negociación
del sujeto político más importante de esa época: la clase obrera
ecuatoriana. En efecto, antes de que se realicen las elecciones que
inauguraron el retorno a la democracia ecuatoriana, se produjo la
masacre a los obreros del ingenio azucarero de Aztra, como un mensaje
muy claro de la dictadura militar de que estaba dispuesta a entregar el
poder pero dentro de un orden político que excluía a la clase obrera
como actor dirimente.

Sin embargo, el retorno a la democracia se hizo en un escenario no
controlado por la nueva clase política: la crisis del endeudamiento
externo, que provocó la crisis del financiamiento al desarrollo y el
agotamiento de un modelo económico, social y jurídico de
industrialización y crecimiento endógeno.

Apenas a tres años del retorno a la democracia, el Ecuador, al igual que
muchos países de la región, firmaron sendas Cartas de Intención con el
FMI, que implicaron una vuelta de tuerca radical y profunda en el modelo
de desarrollo. Las políticas de ajuste y estabilización determinaron el
fin de la estrategia de industrialización y crecimiento endógeno y el
inicio de una época signada por el neoliberalismo, las privatizaciones,
el aperturismo y la desregulación.

La aplicación de esas políticas de ajuste significó a la larga la
reprimarización y la desindustrialización de la economía ecuatoriana.
Volvían al control del poder los grupos monopólicos concentrados en la
agroexportación, el comercio, las finanzas y la minería. El ajuste
económico también significó la desindustrialización y, por tanto, la
pérdida de referencialidad política a la clase obrera.

En efecto, acuciada por las circunstancias, la clase obrera ecuatoriana
cambió su discurso antisistema por una práctica de defensa de los más
elementales derechos laborales que estaban siendo barridos por la ola
neoliberal. El sujeto político de la transición democrática y de la
oposición al ajuste neoliberal, para fines de la década de los años
ochenta, la clase obrera, estaba virtualmente destruido.

Es en ese contexto, que emerge uno de los sujetos políticos más
importantes y que se posiciona como el actor político fundamental a lo
largo de la década de los noventa: el movimiento indígena. Aquello que
convierte al movimiento indígena en sujeto histórico y que permite que
rebase los contenidos de su agenda étnica hacia una agenda nacional, es
su crítica radical al discurso político de la modernidad que se expresa
en sus demandas de plurinacionalidad del Estado y de sociedades
interculturales.

El movimiento indígena acompañó sus demandas con poderosas
movilizaciones sociales que rebasaron al sistema político y que pusieron
a la defensiva a la clase política ecuatoriana. La resistencia al ajuste
y a la modernización neoliberal tuvo en el movimiento indígena uno de
sus escollos más importantes y más difíciles de destruir.

Empero de ello, a fines de la década de los noventa, se aprecia un
agotamiento en las dinámicas, discursos y propuestas del movimiento
indígena. Ahora bien, sobre el desgaste del movimiento indígena, surge
otro poderoso actor social que es el llamado a llevar las
transformaciones de la actual coyuntura, y que a falta de otro término
que lo caracterice sociológica y políticamente, ha sido denominado como
“movimiento ciudadano”.

La agenda central sobre la cual converge todo un abanico de intereses
muchas veces contrapuestos y antagónicos bajo el membrete de movimiento
ciudadano, es la necesidad de la reforma política. Puede suponerse que
la necesidad de una reforma política no necesariamente implica la
constitución de un actor social, sobre todo cuando existen
características históricas que conforman y estructuran a esos actores
sociales, sin embargo, todos los sectores sociales movilizados bajo el
membrete de movimientos ciudadanos coinciden en la reforma política,
aunque no se hayan puesto aún de acuerdo sobre los contenidos que
tendría esa reforma política.

Esta aparente debilidad y contradicción nace de su propio discurso de
constitución y de movilización, y es la crítica que hacen al sistema
político y a los partidos políticos desde la moral y a los
procedimientos de la democracia representativa liberal.

Así, mientras la clase obrera tenía un discurso antisistema y sus
horizontes de emancipación se situaban en la superación de la
explotación del trabajo y en la necesidad de cambiar las relaciones
sociales de producción, y el movimiento indígena ecuatoriano acusaba al
Estado liberal de violencia y exclusión por su misma estructura que no
reconoce a la diferencia y proponía un discurso emancipador sustentado
en el reconocimiento a la alteridad y en la no discriminación; los
movimientos ciudadanos, en cambio, se plantean la moralización del
sistema político liberal, expresada en la despartidización de los
organismos de control, de elecciones, y de justicia, y en cambios
procedimentales de la representación y el ejercicio del poder que
contemplen, entre otras medidas, la revocatoria del mandato, los
mecanismos anticorrupción y la fiscalización al sistema político.

Aunque parezca prosaico y demasiado limitado como para constituir un
fenómeno político de importancia, el actual debate político en el
Ecuador está copado por la presencia de “ciudadanos” que expresan su
“hastío” e “inconformidad” con el sistema político y que se movilizan
pidiendo cambios “radicales” al sistema político.

Se trata de un movimiento realmente fuerte en términos políticos porque
fueron ellos los que apoyaron al movimiento indígena en la coyuntura de
1997 que determinó la destitución del ex Presidente Abdalá Bucaram por
“incapacidad mental”.

Fueron estos sectores los que provocaron la “revolución de terciopelo”,
o “revolución forajida” que en 2005 dieron al traste con el gobierno de
Lucio Gutiérrez. Fueron estos sectores los que apoyaron las tesis
antipolíticas de Alianza País, y de su candidato Rafael Correa, y
finalmente ganaron las elecciones.

Pero, ¿quiénes y qué son estos “movimientos ciudadanos” que en el
Ecuador serán determinantes para determinar la estabilidad democrática
del país? ¿Qué los constituye? ¿Qué discursos y prácticas emancipatorias
son inherentes a esos movimientos ciudadanos? Y, sobre todo, ¿qué
cambios políticos se procesarán en el Ecuador al tenor de la emergencia
y movilización de los movimientos ciudadanos? ¿cuáles son los puntos
centrales de su agenda? ¿Qué entienden por “reforma política”?

Ahora bien, algo que puede servir para responder estas cuestiones está
en su caracterización y una cosa aparece clara: quienes los conforman,
en términos generales, pertenecen a las clases medias urbanas de las
grandes ciudades del Ecuador.

Es muy difícil que los sectores suburbanos de las grandes ciudades, los
campesinos pobres, los campesinos indígenas, los desempleados, los
obreros, entre otros sectores sociales, se reconozcan como parte del
actual “movimiento ciudadano”, y no por razones cuantitativas o de
discurso, sino por razones políticas y económicas.

Los sectores más pobres del Ecuador, en realidad, y en términos
generales, son el sustrato del populismo de derecha (del partido del
magnate del banano Alvaro Noboa, PRIAN) y del fascismo expresado en el
Partido Sociedad Patriótica (PSP). Sus referentes de movilización e
identificación política pasan por una aproximación estratégica al
sistema político, es decir, por la capacidad de negociar sus votos por
dinero, comida, promesas de trabajo, obra pública, etc.

Esos sectores pobres son el resultado de más de dos décadas de
neoliberalismo y han perdido toda ilusión con respecto a la democracia,
a la justicia, a la política, a las instituciones e incluso a sus
propios marcos organizativos.

Se han constituido desde las prácticas clientelares del Banco Mundial
que los convirtió en objetos de la caridad pública, han sido también los
objetos de intervención de ONG’s laicas y también religiosas, y en
objetos de manipulación del Estado y de sus programas de “asistencia
social”.

Están en la periferia de todo tipo de institucionalidad y las leyes los
han criminalizado a ellos y a sus organizaciones, de ahí su resistencia
a la organización social y política. Estos sectores, definitivamente, no
son parte de los autodenominados “movimientos ciudadanos”. El discurso
del movimiento ciudadano no les llega porque no se inscribe en lo que
Habermas llamaría su “mundo de la vida”, es decir, los referentes y
significantes de la crítica al sistema político no son parte ni de su
cotidianidad, ni de las preocupaciones, ni de las prioridades de estos
sectores.

En cambio, el discurso que critica al sistema político desde la moral
tiene alta receptividad en las clases medias, que no se sienten
representadas en la actual estructura de partidos políticos.

En efecto, todos los partidos políticos, de una u otra manera, han
utilizado prácticas corporativas y patrimoniales; todos los partidos
políticos han acusado prácticas de corrupción; todos los partidos
políticos se han demostrado jerárquicos y verticales, demostrando lo que
en teoría política se conoce como la Ley de Michels (todo partido
político tiende a ser controlado por un grupo oligárquico que confisca
en su beneficio las prácticas políticas del partido).

Esas clases medias son urbanas y se han constituido desde la matriz de
la modernización neoliberal. Son consumistas, y quieren hacer prevaler
sus derechos de consumidores también en el ámbito de la política. Las
prácticas patrimoniales les parecen repulsivas y preferirían que la
política sea tan transparente como lo es el mercado.

Pertenecen, en su mayoría, a sectores urbanos de las grandes ciudades
del Ecuador, y con buenos niveles de instrucción, y con relativa
posición económica. Su alejamiento del sistema político les ha permitido
la construcción de un imaginario sobre la democracia que insiste mucho
en sus mecanismos de procedimiento y que los acerca aquello que se
denomina como el “votante medio”, es decir, un votante que quiere que su
voto tenga efectos reales sobre sus expectativas de estabilidad y
bienestar en un contexto de mercados eficientes.

Estas clases medias que adscriben a la retórica de la reforma política y
a la estabilidad son el núcleo fuerte de la movilización social en el
Ecuador y han generado importantes fenómenos políticos, como la caída de
Lucio Gutiérrez y el triunfo de la candidatura electoral de Rafael
Correa, estos sectores se generaron desde los procesos de diferenciación
social provocados por el neoliberalismo y cuya profundización y
radicalización está a partir de la dolarización de la economía
ecuatoriana, de ahí que sean defensoras a ultranza del modelo de
dolarización y que coincidan en la crítica moralista al sistema político
pero no al modelo económico (a no ser que sea también una crítica
moralista al modelo económico, que no llega a ser una crítica antisistema).

Al ser una confluencia de varios sectores de clases medias, hay todo un
abanico de opciones y propuestas: desde posiciones aparentemente
radicales hasta aquellas más reformistas. Son estos sectores los que
constituyen la “base social” del nuevo gobierno ecuatoriano de Alianza
País y del Econ. Rafael Correa. Son ellos los que se movilizarán
pidiendo las reformas políticas al sistema político.

Sin embargo, su horizonte político se limita a proponer cambios desde
aspectos circunstanciales y que hacen referencia más al continente que
al contenido de las relaciones de poder. Los cambios que proponen son
una cosmética que a la larga consolidará el modelo neoliberal y
permitirá que el sistema político ecuatoriano, que se desgastó por no
haber procesado de manera coherente la reforma neoliberal, sobre todo
por la emergencia del movimiento indígena, ahora pueda recomponerse y
pueda poner entre paréntesis las propuestas del movimiento indígena y de
los movimientos sociales.

Los “movimientos ciudadanos”, en el Ecuador, en realidad representan el
agotamiento de la izquierda y de los movimientos sociales, y el
reposicionamiento de la agenda neoliberal. Su presencia política está
hecha, a la larga, para salvar al modelo neoliberal modernizándolo. En
estos tiempos neoliberales, cuando urgen respuestas radicales como
aquellas que se han tomado en Venezuela, en Ecuador, la deriva política
parece apuntar más a una recomposición de la derecha de la mano de los
movimientos ciudadanos que a un cambio real en las relaciones de poder,
y todo en un contexto de expectativa por el aparente triunfo de la
izquierda en las últimas elecciones.

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