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La muerte por asfixia de migrantes, un triste aniversario

Wooldy Edson Louidor/AlterPresse

Chèrche lavi detwi lavi
(Buscar la vida destruye la vida)
Proverbio haitiano

ALAI AMLATINA, 11/01/2007, Puerto Príncipe.- El 11 de enero del 2006, 25
migrantes haitianos murieron por asfixia mientras viajaban
clandestinamente en una furgoneta al interior de la República Dominicana.

Después de un año, ¿cuáles son los avances y los retos para luchar en
contra de la delincuencia binacional organizada (haitiano-dominicana),
especialmente contra el tráfico ilegal de migrantes y la trata de seres
humanos?

Los antecedentes de la tragedia y los sucesos ocasionados por ella

El viaje clandestino, que causó la tragedia del 11 de enero del 2006,
había sido organizado por traficantes haitianos y dominicanos al norte
de la frontera haitiano-dominicana (Ouanaminthe-Dajabón). Desde este
punto fronterizo, un total de 69 indocumentados haitianos fueron
introducidos en una furgoneta herméticamente cerrada.

A pesar de los esfuerzos desesperados de esos migrantes que golpeaban en
la parte de atrás de la furgoneta en el transcurso del viaje cuando ya
les empezaba a faltar el aire, el chofer no paró el vehículo. Cuando,
por fin se detuvo en Navarrete, localidad de la provincia de Santiago
ubicada en la zona del Cibao, 24 de sus pasajeros ya habían muerto por
asfixia. Otro murió un rato más tarde en un Hospital en Santiago, la
segunda ciudad de la República Dominicana.

El día después de la tragedia, 12 de enero del 2006, el gobierno
dominicano decidió enterrar los restos de los 24 migrantes haitianos en
Ouanaminthe. Con el beneplácito del gobierno provisional dirigido por el
presidente Boniface Alexandre y el primer ministro Gérard Latortue, las
autoridades dominicanas enviaron al cementerio de esa ciudad fronteriza
haitiana un camión que transportaba los cadáveres de los 24
indocumentados. Dicho camión fue escoltado por los cascos azules de la
Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización de Haití (MINUSTAH).

La población de Ouanaminthe se opuso a que los cuerpos sin vida de sus
compatriotas fueran inhumados en esas condiciones que consideró como
“irrespetuosas e inaceptables”. Organizaciones de derechos humanos,
asociaciones comunitarias, iglesias (católica y protestantes),
escolares, estudiantes, comerciantes, ciudadanas y ciudadanos, se
manifestaron delante de la puerta principal del cementerio con el fin de
impedir el acceso del camión.

Los manifestantes pedían a los dos gobiernos que respetaran la dignidad
humana de esos 24 ciudadanos haitianos, que habían sido torturados y
cuyos despojos no debieran ser echados a una fosa común. Exigieron
también que las autoridades de ambos países realizaran una seria
investigación para arrestar, juzgar y castigar a los autores haitianos y
dominicanos de esa tragedia. Señalaron que entre esos últimos figuraban
“buscones” (nombre dado a los traficantes), militares, agentes
migratorios y otras autoridades dominicanas implicadas en las redes de
tráfico.

En el momento de la protesta, se produjo una fuerte tensión entre
manifestantes y cascos azules que acabó con la vida de Chrismane Pierre,
un joven de 17 años, y cobró otras víctimas dentro de la población civil
de Ouanaminthe. La resistencia de los manifestantes obligó al chofer que
conducía el camión lleno de cadáveres, a las autoridades locales
haitianas y a las fuerzas del orden (policías y cascos azules) a dar
marcha atrás. Por fin, las autoridades dominicanas tuvieron que enterrar
a los cadáveres de los 24 migrantes en una fosa común en un cementerio
cercano a la población de Dajabón.

La tragedia del 11 de enero del 2006 puso fin a la vida de 25
indocumentados haitianos que, sin embargo, iban “en busca de la vida”.
También ocasionó el asesinato del joven Chrismane Pierre. Pero dio lugar
a una lucha por el respeto de la dignidad humana.

Un año después de la tragedia

Un año después de la tragedia, ¿en qué punto está la lucha contra el
tráfico ilegal de migrantes? ¿Cuáles son los resultados de los exámenes
de las balas destructoras de la vida de Chrismane Pierre que habían sido
realizados al exterior de Haití por especialistas de la balística? ¿Qué
seguimiento la Justicia haitiana ha dado a ese homicidio?

El primer aniversario de la muerte de los 25 migrantes haitianos en
República Dominicana ofrece la ocasión de plantear esas preguntas a las
autoridades de ambos países, específicamente a los responsables de los
aparatos judiciales respectivos. Algunas ciudadanas, ciudadanos y
representantes de organizaciones e instituciones en las dos sociedades,
sobre todo los organismos de derechos humanos, llegan a calificar de
“laxista” la actitud de los dos gobiernos para con las redes de
traficantes que operan a lo largo de la frontera haitiano-dominicana.

Esta conmemoración subraya una vez más la necesidad y la obligación que
tienen los dos Estados de cooperar para tomar medidas enérgicas en
contra de la delincuencia binacional organizada, particularmente contra
el tráfico ilegal de migrantes y la trata de seres humanos. En este
contexto, el relanzamiento de la Comisión Mixta Bilateral
Haitiano-Dominicana, que fue anunciado por el embajador haitiano en
Santo Domingo, Fritz Cinéas, se ha visto como una prioridad “binacional”
para que los dos Estados retomen las negociaciones sobre temas
bilaterales y de cooperación en general.

El Parlamento haitiano está igualmente llamado de manera urgente a
legislar contra el tráfico ilegal de migrantes y la trata de seres
humanos, tomando disposiciones destinadas no sólo a castigar a los
organizadores de los viajes irregulares (traficantes y tratantes), tal
como lo estipula el Decreto del 17 de noviembre del 1980 sobre “Los
viajes irregulares”, sino también a prevenir ambos problemas, proteger y
asistir a las víctimas, especialmente mujeres, niños y niñas.

Por otro lado, el gobierno haitiano se enfrenta cada vez más al reto de
implementar programas, políticas y estructuras orientadas a prevenir, o
por lo menos a reducir la migración irregular creciente de sus
ciudadanas y ciudadanos, sobre todo los más pobres, hacia República
Dominicana.

Esta estrategia de prevención tendrá que ofrecer a los y las migrantes
reales y potenciales alternativas concretas, por ejemplo: empleos,
servicios sociales básicos (salud, educación, agua potable),
infraestructuras (carreteras, electricidad) y un clima de estabilidad y
seguridad.

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