El referéndum autonómico
otro paso para “voltear al indio”
* Carlos Iaquinandi Castro, SERPAL.
A pocas horas del referéndum autonómico convocado por los sectores separatistas de Santa Cruz de la Sierra, la región más rica y próspera del país, la posibilidad de un diálogo entre las partes confrontadas resulta más que improbable. La clase dirigente de Santa Cruz, con fuerte peso de los terratenientes, empresarios y grandes propietarios, impulsa un estatuto autonómico en forma unilateral, en abierta ruptura con el gobierno central y con las leyes vigentes. Declarado inconstitucional por el gobierno, también ha sido rechazado por el Consejo Nacional Electoral. En el propio seno de la OEA la totalidad de los países miembros han expresado su solidaridad con el gobierno boliviano y con la unidad del país, exhortando a un diálogo antes de dar pasos irreversibles. Pero Dante Caputo, designado por la Organización de Estados Americanos para mediar personalmente en el conflicto boliviano no ha encontrado ninguna receptividad en el prefecto cruceño Rubén Costas cuyo único objetivo inmediato es realizar el referéndum ilegal y obtener así una forma de legitimidad para su estatuto autonómico. La estrategia de la oposición al gobierno elegido por la mayoría del pueblo boliviano es crear una situación de hecho, que rompe la legalidad y obliga al gobierno a desconocerla ( con lo que ello puede implicar de confrontación ) o admitirla, una decisión no menos grave y delicada que la anterior.
Recordemos que a esta situación se llega tras rechazar las autoridades de Santa Cruz, y luego otras como las de Pando, Beni y Tarija, la Nueva Constitución Política del Estado, aprobada por mayoría de los asambleístas a fines del año pasado. Luego sabotearon sistemáticamente todo intento de diálogo y promovieron acciones violentas de protesta, afirmando que "desconocían " la nueva Carta Magna, e imposibilitando acuerdos para que fuera puesta a votación de todo el pueblo como estaba previsto. Las maniobras y desencuentros promovidos por los prefectos disidentes fueron dejando pendiente el referéndum nacional por el cual todos los bolivianos podrán expresar con su voto si aceptan o no la nueva constitución. Pero, mientras por un lado bloqueaban esa consulta constitucional, alentaron las viejas aspiraciones autonomistas, que "reviven" cada vez que asoma la posibilidad de un cambio político, económico y social en el país. En ese empeño, cuentan con una plataforma cívica dirigida por empresarios y terratenientes que asumen públicamente un discurso demagógico, que exalta "los valores cruceños" y reniega de las otras regiones de Bolivia, en particular las que tienen una importante población de origen indígena. El prefecto Rubén Costas se autoproclama "único comandante del pueblo cruceño", y deja hacer a las bandas de la Unión Juvenil Cruceñista, los grupos violentos de ultraderecha que desde hace meses vienen sembrando miedo entre la población cruceña que no comparte las aspiraciones "autonomistas" de Costas y los demás dirigentes. Entre estos últimos, destaca la figura de Branco Marinkovic, cuya familia es propietaria de la empresa aceitera IOL S.A. entre otros importantes negocios. Los indígenas y campesinos lo definen con pocas palabras: "es un odiador de nosotros". Lo tienen tan claro como seguramente también lo tiene el propio Branco Marinkovic. Aunque éste, según los momentos, sabe esconderlo bajo sus modales cuidados y propios de un descendiente de europeos.
Costas es el "mascarón de proa"
Pero el conglomerado que está detrás de estos pasos desestabilizadores o golpistas encabezado por el prefecto cruceño es más variopinto. Los dirigentes políticos que desde diversas siglas - pero idénticas ambiciones - desarrollaron las funestas políticas neoliberales, no admiten estar desplazados del poder que ejercieron durante muchos años como una asignación hereditaria. Ellos "siempre" fueron gobierno. O por el voto, o por el fraude o por el golpe militar. Para ellos, este proceso de cambio que votó el pueblo boliviano, es un error, una alteración de la historia, un desorden. Allí están -entre otros - dirigentes, ex ministros y ex funcionarios de los gobiernos de Sánchez de Lozada, de Jorge Quiroga ... Pero también ocupan posiciones desestabilizadoras, quizás no tan de primer plano en esta fase, los representantes de los intereses de las transnacionales extranjeras del sector energético o de las comunicaciones. En la embajada norteamericana, que incluso durante el proceso pre-electoral tomó posición públicamente contra la posibilidad de una victoria del MAS, se desempeña Philip Goldberg, que tiene en su foja de servicios haber sido jefe de misión en Kosovo, el territorio que bajo auspicio de Estados Unidos y algunas potencias europeas proclamó recientemente de forma unilateral su independencia de Serbia ( la ex Yugoslavia ). Una llamativa coincidencia.
La convocatoria del referéndum autonómico es inconstitucional en su procedimiento y en su forma. El gobierno y el propio Consejo Nacional Electoral advirtieron de esa ilegalidad. Pero a nivel internacional no hay quien le haya otrogado algún tipo de reconocimiento. Incluso el Consejo de la Organización de Estados Americanos he reafirmado su apoyo al gobierno boliviano y a la unidad territorial de ese país. Pero Rubén Costas y quienes le secundan en el empeño
desestabilizador, han ignorado las recomendaciones y sugerencias y han despachado el tema afirmando que la OEA ha sido engañada y no es imparcial, y que por tanto no tienen en cuenta su intención mediadora. Quien hubiera dicho que este organismo interamericano tradicionalmente sumiso a los dictados de los Estados Unidos, se llegaría a convertir en una entidad "no fiable" para los sectores conservadores del continente.
El referéndum ilegal será controlado por un Tribunal integrado por personas que a su vez, son miembros del Comité por Santa Cruz que impulsa el voto afirmativo para el domingo. Por sus características al margen de la Constitución no tendrá veedores ni control alguno de organismos estatales. Esta curiosa Corte Electoral Departamental, tomó algunas medidas poco democráticas, como la de no autorizar la publicación de solicitadas o escritos pagos contrarios a la convocatoria. Además, otorgó a una consultora privada la responsabilidad del control del proceso electoral, padrones, estadísticas, lugar de votación de los ciudadanos e incluso el recuento de votos.
Las fuerzas policiales enviadas por el gobierno central están destinadas únicamente a preservar el orden y evitar enfrentamientos y a proteger zonas de Santa Cruz donde la población es fundamentalmente quechua o aymara y que rechazan la convocatoria. El prefecto Costas aprovechó esta circunstancia para crear una fuerza policial denominada "Guardia Civil" integrada por 600 hombres y a la que considera el gérmen de una policía propia del futuro estado autonómico.Tendrá la misión de "cuidar el orden" el domingo. También se anticipa que "vigilarán" el proceso las huestes de la Unión Juvenil Cruceñista, que tienen experiencia en violencia de diverso tipo: agresiones, asaltos o palizas.
El prefecto Costas también quiso anticiparse a la indudable victoria del SI, disponiendo la desconexión del sistema informático a través del cual las diversas regiones rinden cuentas al Ministerio de Economía. Pero el gobierno respondió congelando los fondos de la región. Eso hizo reflexionar a las autoridades cruceñas que dieron marcha atrás y se excusaron afirmando que había sido un corte para realizar "tareas de mantenimiento". Una cosa es no dar y otra es no recibir.
Los medios: una sola voz
Los medios de comunicación en Santa Cruz son un coro unánime en favor de los propósitos de su clase dirigente. Las únicas expresiones disidentes hay que buscarlas en pequeños medios alternativos, que funcionan casi sin recursos y con escasa llegada a la población. Salvo el Canal 7, el resto de canales han tomado partido abiertamente por el SI autonómico y abundan los comentarios matizados por críticas al gobierno de Evo Morales, o el explícito rechazo por los grupos y organizaciones indígenas. Se repiten las convocatorias de Costas, que no tuvo reparos en expresar " que es el único comandante que tiene este pueblo". Muchos periodistas de esos medios, no disimulan en el contenido de sus preguntas, su parcialidad en favor de las autoridades cruceñas convocantes del referéndum. La posición de los medios no es adoptada por coacciones. Es parte de lo que en muchos lugares de América Latina y del mundo se autodenomina "prensa libre". Claro que se expresan libremente. Porque los intereses de sus propietarios son coincidentes con los del Comité Cívico y las autoridades cruceñas. Uno de esos canales, por ejemplo, es propiedad de Osvaldo Monasterio, acaudalado propietario agropecuario y de oleaginosas en Santa Cruz, quien además, fue presidente de la Comisión senatorial que aprobó -sin discusión- la privatización de recursos naturales y servicios públicos durante el mandato del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. ( Que se refugió en Miami después de intentar reprimir con el saldo de decenas de muertos y heridos una revuelta popular en su contra.) El empresario es un desforestador sistemático, que aspira -autonomía mediante- disponer libremente de los recursos, sin normas estatales que le limiten. Otro canal, Bolivisión pertenece al ex cervecero y dueño de la privatizada LAB, ( Lloyd Aéreo Boliviano ) Ernesto Asbún, que ostenta doble nacionalidad boliviano-norteamericana y fue imputado por la Fiscalía Anticorrupción por la comisión de varios delitos . Fue declarado rebelde y contumaz por la justicia boliviana por fugar del país para no enfrentar un juicio en su contra por los cargos de atentados contra la seguridad de los medios de transporte, atentados contra la libertad de trabajo y desobediencia a la autoridad. El grupo empresarial español PRISA controla el diario "La Razón" y el canal ATB. La familia Daher, empresario cruceño dueño de la empresa de transporte Aerosur ( la única que tiene vuelos internacionales tras la quiebra de LAB de bandera nacional ) , es propietaria del canal PAT, en la que también tiene acciones la familia Rivero, propietaria de diversos medios, entre ellos el diario El Deber de Santa Cruz, uno de los de mayor difusión en el país. Bueno, y así podríamos extendernos con otros ejemplos sobre la "prensa libre" boliviana y su verdadera incidencia en estos acontecimientos. Ese papel fue definido en pocas palabras por el director de Radio Erbol: "están envenando a la sociedad", afirmó Andrés Gómez Vela, responsable de la red de emisoras vinculada con sectores progresistas de la Iglesia Católica boliviana.
Objetivo: desestabiizar
Tras esta decisión de desconocer al gobierno central y realizar un referéndum inconstitucional, late la conspiración que desde la victoria electoral del MAS, Movimiento al Socialismo, ha tratado de minar la estabilidad política y social de Bolivia. El cambio que significó la llegada al gobierno de un presidente de origen indígena, comprometido con los sectores ancestralmente postergados y marginados, ha sido muy mal digerido por los políticos tradicionales que se han alternado durante decenios en el ejercicio del poder. Los grupos que controlaban sectores claves de la economía, y los representantes de los intereses de las transnacionales, también procuran retornar al “viejo orden”, que les garantizaba privilegios y ganancias desmedidas. En estos grupos, de gran poder económico e influencia en medios de comunicación, está depositada la expectativa de “voltear al indio”, como muchas veces se expresa sin disimulos en los círculos empresariales de Santa Cruz de la Sierra. El camino elegido no excluye la violencia y la ilegalidad, dos elementos que cuando estos grupos minoritarios fueron gobierno, eran la excusa para ejercer cualquier tipo de represión.
En los foros de los organismos extremistas que defienden la llamada "Nación Camba" con base en Santa Cruz de la Sierra, no se oculta el lenguaje ofensivo y despreciativo por los indígenas. Son reiteradas las burlas sobre el origen de ministros y funcionarios. No admiten que una chola sea ministra de justicia o un indio el canciller del país. Tampoco están dispuestos a tolerar que costumbres y lenguas que en muchas regiones del país son mayoritarias, sean reconocidas en las leyes del estado.
Dividir para reinar
Como ha dicho el diplomático boliviano, Jorge Alvarado: “Ellos persiguen separarse de Bolivia porque consideran que en su territorio se encuentran las mayores riquezas, reservas importantes de hidrocarburos, las tierras más productivas y con esas riquezas pueden mantenerse”. “ No quieren compartir esos frutos con las mayorías desposeídas, tal y como vienen haciendo desde tiempos de la Colonia.” Agrega el embajador boliviano: “detrás de todo esto está el imperio”. “Quieren es dividir al país para reinar –señala- no sólo en Bolivia, sino en Latinoamérica, porque la intención de Estados Unidos es dividir a los países latinoamericanos con esos pretextos del separatismo”. El objetivo de Estados Unidos es claro: obtener el control de los recursos naturales bolivianos, en especial el gas, que serán cedidos gustosamente por los gobernadores separatistas, anulando los impuestos y la nacionalización hecha por Evo Morales. Algunos historiadores recuerdan el “divide y vencerás” que el gobierno norteamericano aplicó en Panamá a principios del siglo XX para construir un canal interoceánico adecuado a sus intereses y bajo su control. Cuando encontraron una dura oposición colombiana a sus planes, alentaron la separación de Panamá de Colombia. Por ese camino finalmente EE.UU. logró hacerse con el control del Canal, que recién finalizó en el año 2000 tras un siglo de luchas y reclamos generacionales del pueblo panameño. Los tiempos y las circunstancias son diferentes, pero los métodos siguen siendo los mismos.
Evo ratifica el mandato popular
El gobierno boliviano, a pesar de las amenazas, reafirma su rumbo y sigue cumpliendo el mandato del voto popular: el pasado primero de mayo Evo Morales anunció tres decretos. Por uno de ellos se protege a los trabajadores frente a eventuales conflictos laborales; otro evita que el trabajador sea despedido si la empresa adeuda aportes a la respectiva Administradora de Fondos de Pensiones, y el restante determina que el fuero sindical rige a partir de la elección del dirigente. También anunció un proyecto de ley con el que se pretende un nuevo Código Procesal Laboral que ponga fin a la tardanza judicial para beneficio de los trabajadores despedidos, trabajadoras embarazadas y la reincorporación de dirigentes y activistas sindicales. También comunicó la nacionalización de las compañías petroleras Chaco ( propiedad de la British Petróleum) , la transportadora Transredes, de la británica Ashmore y de la Compañía Logística de Hidrocarburos Boliviana (CLHB) de capitales peruanos y alemanes. Se llegó a un acuerdo para acceder al 51% de las acciones y por tanto al control boliviano de la petrolera Andina, de la transnacional española Repsol.
Y algo inesperado, también anunció y firmó en ese momento, el decreto de nacionalización de ENTEL, la mayor telefónica del país filial de la italiana Euro Telecom Internacional ( ETI ), que "vuelve -dijo Evo Morales - al pueblo boliviano."
Entel había sido "capitalizada" ( eufemismo por privatizada) durante el mandato de Sánchez de Lozada en 1995 en plena ofensiva neoliberal.
Vísperas del domingo
Horas difíciles afronta el pueblo boliviano. Los que nunca aceptaron los resultados del voto popular, están dispuestos a dar los pasos necesarios para desestabilizar el país y desplazar al gobierno constitucional. Por el momento, las organizaciones sociales y los movimientos populares se han limitado a convocar a la abstención, a no participar en el referéndum autonómico, pero evitando cualquier provocación que pueda derivar en violencia. El propio gobierno de Evo Morales comparte esa exhortación. Dados los resultados electorales anteriores y las condiciones en las que se produce esta convocatoria, el resultado previsible es una amplísima mayoría por el SI. La única incógnita es el nivel
de abstención, que dadas las nulas garantías de control del recuento, quizás nunca se pueda llegar a conocer con exactitud. Sobre esa victoria esperan reforzar sus líneas los sectores de la oposición al gobierno popular.
Betty Tejada, analista cruceña y ex parlamentaria afirma que "frente a los profundos cambios emergentes que se están haciendo desde las entrañas de Bolivia, se está preparando un golpe de estado a la democracia vía un estatuto que le quita todas las competencias al Gobierno y le dá atribuciones a un prefecto". Añade que "después del 4 de mayo se pretende desconocer a un Gobierno legítimo, usurpándole sus funciones en nombre de una autonomía mal entendida". "Es un golpe a la democracia y hay que decirlo así", concluye.
Queda claro que tras el llamamiento autonómico se esconde el contragolpe de quienes durante años se han visto favorecidos por los gobiernos excluyentes que ejercían el poder central. El autonomismo es el refugio para preservar intereses de sector y una posición insolidaria con el conjunto de la nación. No oculta tampoco sus connotaciones racistas y su desprecio hacia las mayorías indígenas. Pero lo más grave no está en el extremismo de la clase dirigente de Santa Cruz de la Sierra, sino en lo que viene detrás. Porque esta convocatoria no es más que una parte de la ofensiva que pretende frenar -sea como sea - el proceso de cambio en Bolivia. Pero esa transformación no es el capricho de un dirigente, ni de un partido. Es un mandato de la mayoría del pueblo boliviano. Un cambio que se realiza con dificultades, posiblemente con errores importantes, pero que representa un camino indispensable hacia un país más justo, soberano e inclusivo con todos sus habitantes. Es la esperanza de las mayorías bolivianas, pero también de los pueblos del resto de nuestra América Latina.
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“¿Crees que al poder lo da una placa? Al poder te lo da mentir; hacerlo bien y que todos comprendan que debe ser así”. Senador Roark, personaje de la película “Sin City”, dirigida por Robert Rodríguez.
