Categoría: DERECHOS HUMANOS
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Agencia Notiese
Presentan diagnóstico sobre derechos humanos en el Distrito Federal
*VIH/sida y derechos del colectivo gay entre los temas abordados
*Derecho a la salud y al trabajo, los más vulnerados de personas no heterosexuales
*Representante de la ONU confirma remoción de cargo
México DF, mayo 8 de 2008 (Mario Alberto Reyes/ NotieSe).- El representante de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), Amerigo Incalcaterra, confirmó que en los próximos días será removido de su cargo y atribuyó el hecho a los procesos burocráticos de ese organismo.
Al finalizar el acto de presentación del Diagnóstico de Derechos Humanos del Distrito Federal, en el que participaron autoridades, organizaciones civiles y académicos, Incalcaterra negó presiones por parte del gobierno de Felipe Calderón para que abandone el país, aunque aceptó que en el trabajo que realiza los “malentendidos” son normales y evidentes, por lo que la discusión con las autoridades es la manera profesional de resolverlos.
Luego de mencionar que aún no están determinados la fecha de su salida y el lugar al que será trasladado, Amerigo Incalcaterra dijo marcharse sin rencores y apuntó que entre los temas pendientes se encuentran la elaboración de diagnósticos sobre derechos humanos en cada una de las entidades federativas, así como un programa de Estado y reformas constitucionales en la materia.
Incalcaterra recibió una fuerte ovación por parte de los asistentes al Centro Cultural Estación Indianilla, entre los que se encontraban el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard; el titular de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Emilio Álvarez Icaza; la senadora Rosario Ibarra de Piedra; el procurador general de Justicia del GDF, Rodolfo Félix Cárdenas, la politóloga Denise Dresser, y numerosos representantes de organizaciones civiles.
El diagnóstico
El objetivo del Diagnóstico de Derechos Humanos del Distrito Federal es identificar los principales obstáculos que impiden a las personas que transitan o habitan en la capital de la República, el ejercicio y goce efectivo de los derechos humanos reconocidos en los ámbitos nacional e internacional.
El texto fue elaborado en conjunto por la OACNUDH, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el Tribunal Superior de Justicia del DF, organizaciones civiles, instituciones académicas y la CDHDF. Aborda el derecho de los habitantes de esta ciudad a gozar de un medio ambiente sano, vivienda, agua, infraestructura vial, educación, trabajo, salud, y derechos sexuales y reproductivos.
En torno a la salud, el diagnóstico contextualiza la situación que se vive en la ciudad a partir de temas específicos como mortalidad, enfermedades que afectan a la población capitalina, contaminación del aire y agua, trastornos alimenticios, adicciones, VIH/sida y salud mental. Además se analiza la disponibilidad y cobertura del sistema de salud, así como la calidad de los servicios.
Sobre la esperanza de vida, apunta que el DF tiene el segundo lugar nacional con 75.9 años, después de Quintana Roo, cuya población en promedio vive 76.1 años. Las seis principales causas de mortalidad en la capital del país son las enfermedades del corazón, la diabetes mellitus, los tumores malignos, las enfermedades cerebrovasculares, las enfermedades del hígado y los accidentes.
En torno a la calidad de los servicios, el documento agrega que los recursos humanos son insuficientes para cubrir la demanda de intervención, pues en ocasiones no hay personal médico que supla las ausencias del personal, aunado a que tampoco se cuenta con el personal de enfermería suficiente para la atención de los pacientes.
Subraya que no se cuenta con los medicamentos, instrumental médico, estudios de gabinete e insumos suficientes y necesarios para cumplir la atención de manera eficaz, o éstos se encuentran deteriorados o dañados por su propio uso.
VIH/sida
Respecto a la epidemia del VIH/sida, el análisis detalla que de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud federal, hasta el 15 de noviembre de 2007 se registraron en el país 115 mil 651 personas seropositivas, de las cuales 20 mil 881 se concentran en el DF, lo que la convierte en la entidad federativa con el mayor número de casos. Tan sólo en 2007 se registraron 5 mil 316 nuevos casos.
Añade que en 2005, en el DF fallecieron 512 personas a causa del sida. La tasa de mortalidad por esta causa fue de 5.8 por ciento y se ubicó en el séptimo lugar nacional. En 2006 la tasa de mortalidad de hombres entre 25 y 44 años de edad fue de 16.3 casos por cada 100 mil y de 3.2 para mujeres Sin embargo, el documento subraya el constante incremento de la tasa de mortalidad en mujeres, que entre 2001 y 2006 ha sido de 11.7 por ciento.
Sobre el Programa de VIH/sida y la Clínica Especializada Condesa, el diagnóstico señala que no obstante fueron modelos pioneros en la atención de la población afectada por la epidemia, actualmente se encuentran rebasados debido a la gran demanda y a la escasez de recursos.
Entre 2005 y 2007, la CDHDF recibió 19 quejas por hechos presuntamente violatorios de los derechos humanos por parte de la Clínica Especializada Condesa, atribuibles a conductas discriminatorias por vivir con VIH/sida, falta de interés en la atención médica y la negativa a entregar medicamentos por falta de suministro, así como a practicarles en tiempo los estudios requeridos.
Bajo desempeño de la Secretaría de Salud
Respecto a la Secretaría de Salud local, el análisis enfatiza que no obstante las importantes asignaciones presupuestarias al DF, dicha dependencia presenta índices de desempeño muy por debajo del promedio nacional, al ocupar el penúltimo lugar en materia de vacunación, prevención y control de la diabetes mellitas e hipertensión arterial.
De acuerdo con el documento de 915 páginas, la capital del país ocupa el lugar 21 en el índice de desempeño en materia de prevención y control del VIH/sida y otras ITS, situación que se agrava ante la falta de campañas permanentes de información sobre la epidemia y la salud sexual y reproductiva.
Situación del colectivo LGBT
El diagnóstico encontró que en el DF entre 5 y 6 de la población es lesbiana y 10 por ciento es gay, lo que equivale a 250 mil 301 mujeres y 872 mil 92 varones. De los bisexuales no hay estimaciones, pero sobre las personas transgénero se apunta que en la ciudad existen entre 83 mil 434 y 125 mil 150 habitantes con esta característica.
En torno a la población travesti, el documento subraya que entre 2 y 3 por ciento de los hombres biológicos se visten con prendas femeninas al menos ocasionalmente. La transexualidad se presenta en uno de cada 10 mil varones biológicos y en una de cada 30 mil mujeres biológicas.
El texto señala que a pesar de que el DF es considerado uno de los lugares más respetuosos de la diversidad sexual en México, aún son muchos los problemas a los que las personas y grupos LGBT se enfrentan. La discriminación por orientación o preferencia sexual e identidad y expresión de rol de género aún permea en gran parte de los grupos sociales, las instituciones públicas y privadas, y en los hogares.
Añade que la legislación mexicana tiene serias deficiencias que afectan el goce de los derechos laborales de las personas no heterosexuales, y enfatiza la vulnerabilidad del derecho a la salud de las personas transgenéricas y transexuales.
Sobre la Ley de Sociedades de Convivencia, el reporte la define como un “avance sustantivo”, sin embargo, destaca que no pone en plano de igualdad a las parejas heterosexuales con las homosexuales, pues los derechos que se generan con esta ley son menores a los propiciados por el matrimonio y el concubinato.
El Diagnóstico de Derechos Humanos del Distrito Federal establece 16 recomendaciones generales entre las que destaca la elaboración del programa y de una ley de derechos humanos para la esta ciudad, así como crear presupuestos con perspectiva de derechos humanos.
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ONU - ALIMENTACION
IPS
Relator de ONU afirma que crisis alimentaria es una “auténtica tragedia”El relator de la ONU para el Derecho a la Alimentación, Jean Ziegler, reconoció este lunes a la producción de biocombustibles, la especulación financiera y las políticas del FMI como las causas del actual aumento mundial de precios en alimentos. El representante de la Organización de Naciones Unidas (ONU) entregó datos sobre el aumento mundial de precios en productos básicos para la alimentación.
Según la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO), durante el último año aumentó el precio de los cereales en un 130 por ciento, el del arroz en un 74 por ciento, el de la soja en un 87 por ciento, y el del maíz un 53 por ciento. Ziegler exigió una "moratoria total e inmediata" de al mentos 5 años en la producción de agrocombustibles, a la que calificó como un "crimen contra gran parte de la humanidad". Por este motivo, cuestionó las políticas de Estados Unidos y la Unión Europea que buscan aumentar la producción de biocarburantes. Además, explicó que la especulación financiera "es responsable del 30 por ciento de la explosión de los precios". Ziegler también catalogó de "aberrante" la política del Fondo Monetario Internacional (FMI) que impulsar el desarrollo de culturas de exportación para reducir la deuda externa. Por último, el relator reconoció como "histórica y esencial" la reunión que mantienen este lunes los directores de las 27 agencias de la ONU para analizar salidas a la crisis mundial de alimentos.(PÚLSAR) http://www.agenciapulsar.org/nota.php?id=12637
al
28/04/2008
BOLIVIA-DDHH
AGENCIA PÚLSAR |
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Organismos de DD.HH denuncian relaciones de servidumbre en Bolivia Organizaciones de derechos humanos afirmaron este martes que desde hace muchos años las familias guaraníes de los departamentos de Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija viven en condiciones de servidumbre.Un conjunto de organismos defensores de los derechos humanos explicó que muchas familias guaraníes son sometidas a "formas modernas de esclavitud". Se trata de "formas de trabajo no convencionales, pagadas con comida y vestimenta a precios estipulados por patrones".
Estas situaciones se registraron especialmente en Cordillera, Luís Calvo, Hernando Siles, O´Connor y Gran Chaco, en los departamentos de Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija. La denuncia señala que muchas familias viven esclavizadas por deudas heredadas de sus padres, que no pueden saldar con salarios pagados con alimentos y ropa. El informe explica que en muchos casos los hacendados emplean castigos corporales contra los trabajadores sometidos a condiciones de esclavitud moderna, quienes no tienen acceso a la propiedad de las tierras.. Al informe lo firman la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de Bolivia; el Capítulo Boliviano de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo; la Confederación Nacional de la Prensa y la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional. Por su parte, el presidente de la Asamblea del Pueblo Guaraní, Wilson Changaray, aseguró que los nativos guaraníes seguirán movilizados hasta que se finalice el registro de propiedad y uso de tierras en la provincia de Cordillera. Por el momento, el gobierno decidió un pausa en el proceso de registro de tierras en Alto Parapetí, luego de la emboscada donde delegados indígenas fueron golpeados por ganadores y miembros de la Unión Juvenil Cruceñista.(PÚLSAR) |
http://www.agenciapulsar.org/nota.php?id=12551
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COLOMBIA-CIDH
AGENCIA PÚLSAR
http://www.agenciapulsar.org/nota.php?id=12528
La CIDH pidió a Uribe que garantice la seguridad de activistas sociales
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) elaboró un comunicado en el que expresa su profunda preocupación por las amenazas de muerte recibidas por defensores de los Derechos Humanos. La Comisión dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA) argumentó que recibió información acerca del descuido que viven activistas de organizaciones sociales en Colombia. El comunicado explica que es responsabilidad del Estado adoptar de manera urgente "todas las medidas que resulten necesarias para salvaguardar" a quienes reciben amenazas. Además exige al gobierno de Álvaro Uribe que "investigue, juzgue y sancione a los responsables de dichas amenazas y que garantice la seguridad de las defensoras y defensores de derechos humanos y líderes sociales". La CIDH expresó su preocupación por las amenazas de muerte recibidas por quienes se manifestaron el 6 de marzo último contra los paramilitares y los crímenes de Estado. Agregó que "estos hechos ocurren en un contexto de violencia" contra los activistas y recordó que ya "han sido asesinados varios líderes sociales".(PÚLSAR)
rt 11/04/2008
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ONU-DROGAS
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AGENCIA PÚLSAR |
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| Informe de ONU critica la detención de consumidores de drogas
La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) de la Organización de Naciones Unidas instó a los países a "aplicar medidas sustitutivas al encarcelamiento de las personas narcodependientes". El organismo dependiente de la ONU cuestionó a los Estados que "imponen pena de prisión incondicional a los toxicómanos por delitos menos graves, por ejemplo la posesión o adquisición de drogas para consumo personal". En este sentido, el informe publicado este martes explica que estas personas, "por lo general, constituyen una proporción considerable de la creciente población carcelaria de algunos países". El documento cuestiona que en muchos países se "siguen haciendo esfuerzos desproporcionados, concentrándose en los delincuentes menores y los consumidores de drogas". Por este motivo, exhorta a los gobiernos a ocuparse de "cuestiones más acuciantes como descubrir, neutralizar y castigar a los que controlan u organizan actividades de narcotráfico a gran escala". El documento propone "programas de tratamiento, rehabilitación y reinserción", como medidas alternativas al encarcelamiento de consumidores dependientes de las drogas.(PÚLSAR)
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BRASIL–INTOLERANCIA
| AGENCIA PÚLSAR |
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http://www.agenciapulsar.org/nota.php?id=12408 Manifestación contra discriminación de religiones afro-brasileñas Una manifestación en la ciudad de Río de Janeiro denunciará este jueves los casos recientes de intolerancia religiosa contra cultos de matriz africana. La manifestación saldrá de la Asamblea Legislativa en el centro de la ciudad y contará con la participación de los movimientos negros y representantes de religiones africanas y afro-brasileñas, como Camdomblé y Ubanda.
Los manifestantes denunciarán varios casos de discriminación religiosa y difamaciones que son ejemplos de los prejuicios cotidianos contra los cultos afro. Además, serán exigidas medidas de seguridad para ciertos locales de las comunidades afro-brasileñas. Estos locales de barrios pobres suelen ser invadidos por policías o traficantes de drogas.(PÚLSAR) fo/ab ------------------------------------------------------------------
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DERECHOS HUMANOS-EEUU
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TERRAVIVA - IPS LA TORTURA NUESTRA DE CADA DÍA SILVER SPRING, Estados Unidos (IPS) Episodios de tortura y maltrato contra prisioneros en Iraq y en la base naval en Guantánamo, Cuba, salieron a la luz, detallados por soldados estadounidenses, en una reunión organizada por veteranos opuestos a la guerra. |
De estos testimonios, la organización Veteranos de Iraq Contra la Guerra concluyó que los actos brutales de las fuerzas de Estados Unidos hoy ampliamente conocidos por el público no han sido hechos aislados perpetrados por "unas pocas manzanas podridas", como aseguran políticos y militares.
http://www.ipsterraviva.net/LA/viewstory.asp?idnews=1192
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Red PAR
La red PAR (Periodistas de Argentina en Red- Por un periodismo no sexista) acaba de lanzar un Decálogo para el tratamiento periodístico de la violencia contra la mujer. Se trata de 10 máximas simples y fáciles de cumplir por periodistas y editor@s de medios.
1- Es correcto utilizar los siguientes términos: violencia contra las mujeres, violencia de género y violencia machista.
2- La violencia de género es un delito -en tanto y en cuanto constituye una conducta antijurídica que debe ser prevenida y sancionada-, un problema social, un atentado contra el derecho a la vida, la dignidad, la integración física y psíquica de las mujeres y una cuestión concerniente a la defensa de los derechos humanos.
3-Desterramos de nuestras redacciones la figura de “crimen pasional” para referirnos al asesinato de mujeres víctimas de la violencia de género. Los crímenes pasionales no existen
4 – Lo importante es proteger la identidad de la víctima, no la del agresor. Dejar en claro quién es el agresor y quién es la víctima, y señalar cuales pueden ser las actitudes y situaciones que ponen en riesgo a la mujer en una relación violenta, para ayudarlas a toma conciencia sobre su estado.
5- Hay informaciones que pueden perjudicar a la víctima y a su entorno. No siempre es conveniente identificarla. Es ofensivo para la victima utilizar diminutivos, apócopes, apodos, etc. para nombrarla.
6- Nunca buscaremos justificaciones o “motivos” (alcohol, drogas, discusiones, celos, separación de la pareja, infidelidad, etc.), que sólo distraen la atención del punto central: la violencia. La causa de la violencia de género es el control y la dominación que determinados hombres ejercen contra las mujeres.
7-Es imprescindible chequear las fuentes, sobre todo las oficiales.
8 – Mantener el tema en agenda, denunciando la violencia en todas sus expresiones: psicológica, económica, emocional, sin esperar la muerte de las mujeres. Abordar el relato de los hechos tomando en consideración su singularidad, pero también aquello que lo asemeja a otros casos. Eso permitirá abandonar consideraciones tales como “otro caso de”…., “un caso mas de…”, evitando el efecto narcotizante.
9- Tener especial cuidado con las fotos e imágenes que acompañan las notas. Respetar a las víctimas y a sus familias, alejarse del sexismo, el sensacionalismo y la obscenidad. Nunca robar imágenes o audio a la víctima. Cuando se musicaliza, no usar temas que remitan al terror, ni que contengan letras que hablen de “amores enfermos” o celos.
10- Siempre incluiremos en la noticia un teléfono gratuito de ayuda a las víctimas y cualquier otra información que les pueda ser útil.
Este decálogo fue elaborado por las y los periodistas que integran PAR (Periodistas de Argentina en Red). Se trata de una construcción colectiva producto de debates y experiencias, que intenta ser un aporte al tratamiento no sexista de la violencia de género y el feminicidio.
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Por favor, si utiliza la información que se brinda en esta lista, cite la/s fuente/s. Gracias.
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La buena conducta como método de exclusión
Para RIMA de Página 12
Martes, 04 de Marzo de 2008
Martes, 04 de Marzo de 2008
En Corrientes [También ocurre en Tucumán y otras provincias], para inscribirse en escuelas medias y terciarias piden un
certificado policial
Organizaciones de derechos humanos, el sindicato de docentes y el Inadi
pidieron la derogación del requisito por "discriminatorio" y "excluyente".
Las autoridades educativas de la provincia justificaron la medida, aunque
aclararon que "no es obligatoria".
El gremio docente, que ayer cumplió una jornada de paro por reclamos
salariales, denunció el requisito por "discriminatorio".
Por Mariana Carbajal
En la provincia de Corrientes se pide un certificado policial de buena
conducta para la inscripción de adolescentes y jóvenes en escuelas medias e
institutos terciarios y de capacitación laboral. Organizaciones defensoras
de los derechos humanos, la oficina local del Inadi y el Sindicato Unico de
Trabajadores de la Educación (Suteco) calificaron la exigencia como
"discriminatoria" y "excluyente" y pidieron al gobierno provincial que la
elimine. La directora de Enseñanza Media provincial, Nélida Cedrolla,
admitió que ese requisito se solicita en algunos establecimientos, pero
aseguró que "no es obligatorio". De todas formas, justificó la medida: "Es
muy importante como medida preventiva para las autoridades de los
establecimientos educativos", afirmó. Especialistas en educación
cuestionaron en durísimos términos el requisito.
"Hemos detectado que en algunas escuelas secundarias públicas y en
institutos terciarios y de capacitación laboral se exige para la
inscripción, junto con el DNI y el certificado que acredita el nivel de
instrucción, un certificado de buena conducta expedido por la Policía
provincial", precisó a Página/12 Hilda Presman, de la Comisión de Derechos
Humanos de Corrientes. Entre otros lugares, exigen el certificado policial
el Instituto de Formación Superior Islas Malvinas y los institutos de
formación en idioma y en música de la capital provincial, enumeró Presman.
"Si la directora de Enseñanza Media dice que no es obligatorio, entonces
¿para qué lo piden? Lo hacen por el puro gusto de discriminar y
estigmatizar, o descartar al que tuvo antecedentes penales", consideró
Presman. "Porque el que sabe que tuvo problemas con la Justicia es probable
que ni siquiera se anime a inscribirse. Me preocupa que en los lugares en
que se puede obtener una salida laboral inmediata, como los institutos de
capacitación laboral, en vez de facilitar el acceso a jóvenes en riesgo se
lo obstaculiza", agregó.
La Comisión de Derechos Humanos de Corrientes junto con la Red Provincial de
Derechos Humanos, la sede local del Inadi y el Sindicato Unico de
Trabajadores de la Educación (Suteco) elevaron en las últimas semanas una
nota al Ministerio de Educación de la provincia en la que reclamaron la
derogación de ese requisito de inscripción que calificaron como una práctica
residual del "autoritarismo que conformaron un sistema educativo excluyente
y no democrático".
"Si el aspirante hubiera cometido alguna infracción a normas, el haber
saldado con cumplimiento de pena su delito, lo reinserta como ciudadano
pleno. Y aun mientras está cumpliendo pena, goza del derecho a recibir
educación acorde a su nivel de escolaridad", señalaron las organizaciones en
un comunicado de prensa. Y agregaron: "Todos los estudios que sistematizan
el comportamiento de personas privadas de la libertad y de aquellas que ya
han egresado de la reclusión, demuestran que la educación determina el éxito
de la reinserción social, por lo que la exigencia del certificado de buena
conducta carece de sentido y suma un escollo económico y de tiempo a las
gestiones de ingreso".
La exigencia no es nueva en Corrientes en el nivel superior. Este año,
además, se agregó en algunas escuelas secundarias. "El año pasado tuvimos
que intervenir por un aspirante a ingresar a primer año del profesorado de
Educación Física de la ciudad de Corrientes, a quien le negaron la
inscripción por no presentar el certificado. Hicimos una denuncia judicial y
las autoridades educativas se retractaron. Pensamos que este año no iban a
volver a insistir", indicó a Página/12 la educadora Elsa Sartor, profesora
del Instituto de Servicio Social de la capital provincial e integrante de la
Red Provincial de Derechos Humanos. A su nieta le pidieron el certificado
policial para inscribirse en el colegio secundario Hipólito Yrigoyen, de la
misma ciudad.
La directora de Enseñanza Media de Corrientes, Nélida Cedrolla, salió a
responder las críticas. En declaraciones a medios provinciales afirmó que
"si bien no es un requisito fundamental y obligatorio presentar el
certificado de buena conducta para la inscripción, es muy importante como
medida preventiva para las autoridades de los establecimientos educativos".
La funcionaria insistió en que "no es una cosa obligatoria, aquel tutor que
no quiera presentar, puede no hacerlo". Pero reconoció que en algunas
escuelas con problemas de inseguridad sí se puso más énfasis en la
presentación de ese documento. Página/12 intentó hablar con Cedrolla, pero
ayer no la encontró en su despacho. En su lugar, respondió Ana María
Alsogaray, supervisora general de Enseñanza Media.
-Si no es obligatorio y ustedes alegan que tampoco es excluyente, ¿cuál es
el espíritu de pedir ese certificado? -le preguntó este diario.
-Es parte de los antecedentes del chico que el establecimiento debe tener.
Pero no es una cuestión que lo deje afuera -aseguró.
"Yo, como docente, tengo que saber en cuál contexto está mi establecimiento
educativo, pero no cuáles son los antecedentes de un chico en particular. No
se puede plantear esta diferenciación", opinó Sartor.
Gerardo Marturet, dirigente de Suteco y secretario de Derechos Humanos de
Ctera, anunció a este diario que desde el gremio se hará una presentación
ante el Inadi. "En la medida en que un joven o un adolescente tiene
antecedentes penales y le piden el certificado es muy probable que ni
siquiera se vaya a presentar después a la escuela. Finalmente es un
requisito discriminador y excluyente, aunque en el gobierno aleguen que no
es obligatorio. Muchas jóvenes no saben qué derechos tienen y tampoco los
reclaman", opinó Marturet. Ayer en Corrientes no empezaron las clases: fue
una de las siete provincias que tuvieron paro docente en el primer día del
ciclo escolar.
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